En las últimas horas, la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental y Ecológica de Colombia informaron que, en medio de una revisión de un cargamento que llegaba al aeropuerto El Dorado para ser enviado con destino a Hong Kong, se encontraron 3.493 aletas de tiburón y 117 kilos de vejigas natatorias de pez.
“En las últimas horas se incautaron estas aletas de tiburón y vejigas de pez que provenían del Valle del Cauca, y su destino final era Hong Kong, venían solas en una encomienda, precisamente la compañía de encomiendas fue la que inicialmente alertó a las autoridades”, informó la secretaria de ambiente, Carolina Urrutia.
Este cargamento ilegal fue incautado por las autoridades y se estableció que iba ser exportado ilegalmente hacia la ciudad china, donde al parecer se utilizan para la preparación de platos tradicionales, en diez bultos bajo la modalidad de encomienda por el muelle de carga del aeropuerto ubicado en Bogotá. De la misma forma, la entidad señaló que las aletas y vejigas fueron enviadas por vía terrestre a la capital desde Roldanillo, en el Valle del Cauca.
“El remitente declaró ante la empresa transportadora vejigas natatorias de pez, pero se encontró que en su contenido había otro tipo de especies, lo que generó una alerta para las autoridades”, se lee en el comunicado de la Secretaría de Ambiente. Y agregaron que “estas encomiendas no contaban con las autorizaciones necesarias. Por supuesto, estas incautaciones nos causan mucha indignación, muy probablemente provenían de procesos de pesca ilegal y este altísimo volumen de aletas de tiburón nos generan mucha preocupación”.
Las autoridades también señalaron que, sobre el propietario de dicha encomienda conocieron que su permiso de aprovechamiento nacional del recurso pesquero iba hasta el año 2020, es decir, estaba vencido. Explicaron que “dicha autorización era solo para comercializar y movilizar en el interior del territorio y no para aprovechar recursos hidrobiológicos (tiburón), ni mucho menos para exportar. Estas últimas conductas serán un agravante para los procesos administrativos y judiciales que adelantarán las autoridades competentes”.
Los cálculos de las entidades son dolorosos, pues se estima que para lograr la extracción de más de tres mil aletas se debieron haber sacrificado entre 900 y 1.000 tiburones de diferentes especies y tamaños, los cuales podrían oscilar entre uno y cinco metros de longitud. Desde la secretaría afirmaron que “la Dijín está tomando muestras para determinar exactamente qué especies eran”.
Precisamente, cuando las autoridades recibieron la alerta por este cargamento, al lugar llegaron funcionarios del Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres de la Djín para tomar las respectivas muestras del material incautado y así identificar los principales puntos de origen de los animales.
Cabe recordar que, en Colombia, desde abril de este año se prohibió la “comercialización y procesamiento de tiurones, rayas marinas y quimeras”, esto se hizo a través de la resolusión 0757, expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que también hizo presencia en el lugar.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, se pronunció ante esta incautación rechazando la conducta del propietario y señalando que sobre este caerá todo el peso de la ley. “Rechazo contundentemente el tráfico ilegal de tiburones, especies vitales para la salud de los océanos. La Ley 2111 de 2021, de delitos ambientales, tipifica el tráfico de fauna como un delito con una pena de prisión de 60 a 135 meses. La exportación o comercialización de aletas de tiburones es un agravante que incrementa la pena de una tercera parte a la mitad”, dijo el funcionario del Gobierno.
Los tiburones, tal y como lo señaló el ministro de Ambiente, son animales con alta importancia ecológica para la salud de los océanos y, a pesar de ser considerados entre los animales más peligrosos, la realidad es que son altamente vulnerables a la pesca y el comercio ilegal. Correa recalcó que, desde el Gobierno nacional, se están fortaleciendo los mecanismos de control y sanciones contra aquellos que cometan delitos contra la flora silvestres y los productos forestales no maderables.
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