“Criminales de guerra deben salir del Congreso”: director del Centro Nacional de Memoria Histórica

El homenaje que hicieron desde el partido Comunes al ‘Mono Jojoy’ más las polémicas declaraciones que entregó la senadora excombatiente, Sandra Ramírez, por decir que los secuestrados de las Farc “tenían comodidades”, provocaron fuertes reacciones por parte de quienes han cuestionado el Acuerdo de Paz.

Entre ellos a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien compartió una información entregada por la periodista Stephanie Bates que asegura que en Colombia han sido asesinados 34.027 miembros de la fuerza pública por grupos narcoterroristas.

“Escalofriante, y que eso haya sucedido en un país democrático y que los victimarios hayan salido premiados”, señaló Acevedo refiriéndose a los militantes de Comunes, el partido político de los excombatientes de las Farc.

El funcionario público insistió en que criminales de guerra deben salir del Congreso. “Permanecer allí es una afrenta a las víctimas, a los DDHH, a la CPI”.

El pasado 23 de junio, el senador, Iván Cepeda, informó a los Relatores Especiales de memoria y de derechos de las víctimas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre una serie de hechos, que según el político, demuestran que el director del Centro Nacional de Memoria Histórica ha vulnerado el derecho a la verdad y memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Se refiere concretamente a que los derechos de las víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos “han sido vulnerados y se encuentran en riesgo de ser violentados con la puesta en marcha del Museo de Memoria”.

Para Cepeda, entre los sucesos, luego de dos años y cuatro meses de gestión de Acevedo, se destaca el negacionismo de hechos con relación al conflicto armado del país; los actos de censura y desconocimiento de las iniciativas de las víctimas del conflicto armado que vulneran su derecho a la reparación simbólica; alteraciones y modificaciones arbitrarias a relatos de víctimas de cara a relativizar los crímenes cometidos por la fuerza pública en el futuro Museo de la Memoria.

Por esas razones, el senador Cepeda le solicitó a la comisionada Antonia Urrejola y al relator Fabián Salvioli, que tengan en cuenta esta información para los informes que periódicamente realizan, y que consideren solicitar al Estado colombiano información y documentos que permita evaluar el direccionamiento de la actual política de memoria, así como, “una anuencia para una visita de trabajo al país”.

“Le hemos pedido a los Relatores que soliciten oficialmente al Estado colombiano explicaciones e información sobre el particular. Darío Acevedo no solamente ha censurado a las víctimas, también ha diseñado políticas de la institución que dirige de acuerdo con sus propias convicciones ideológicas. En declaraciones públicas ha denigrado y descalificado abiertamente a grupos de víctimas del Estado por sus denuncias ante las autoridades competentes y la opinión pública”, señaló Cepeda.

En marzo de este año, Acevedo, en conversación con Infobae Colombia, explicó que cuestiona el conflicto armado, “porque el conocimiento y la interpretación de la realidad es un tema siempre controversial y más si es un tema cultural, económico o político. Decir eso no es un tema de dogma, es un tema de orden político y jurídico con el fin de favorecer procesos de acercamiento y negociación entre el Estado y fuerzas insurgentes. Y más porque el tema principal de la ley de víctimas no es decir si hay o no hay conflicto armado, aunque yo lo acepte en todas mis intervenciones”.

En esa misma línea, explicó lo que para él son las víctimas del conflicto: “En el caso nuestro tenemos un Estado que mal que bien ha sido democrático por muchos años y sobre todo después de la dictadura de Rojas Pinilla que duró 4 años con el establecimiento del Frente Nacional. Es un levantamiento no homogéneo contra una democracia, es decir, con varias guerrillas y con grupos paramilitares, además de grupos narcos que también podrían clasificar ahí como en conflicto contra el Estado”.

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