La Procuraduría General de la Nación le pidió al juez 53 de garantías de Bogotá que envíe a la cárcel al empresario Emilio Tapia, conocido como el ‘zar de la contratación’. El Ministerio Público argumenta que el hombre ha sido condenado ya tres veces por hechos similares, como por el carrusel de la contratación en Bogotá, por lo que dejarlo en libertad podría significar que reincida.
Esto se suma a la petición de la Fiscalía para que el juez imponga medida de aseguramiento contra los tres capturados: Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde ya que con esto “se evitaría la actividad delictiva y que se afecte la contratación pública”. Por su parte la defensa del MinTic pide que se embarguen las cuentas y bienes de los tres para intentar recuperar algo del dinero que se transfirió.
Sin embargo, la Procuraduría dice que Duque y Laverde no representan el mismo peligro que Tapia al dejarlos en libertad, pero la Fiscalía dice que según la investigación habrían creado una versión para dar en la justicia y librarse de los cargos. La defensa de Tapia le pidió al juez que no lo envíe a la cárcel porque ya está en prisión domiciliaria por las condenas anteriores y que su seguridad puede estar en peligro y resaltó que ha sido colaborador con la justicia.
Por otro lado, la defensa de Laverde dice que este no tienen antecedentes penales, por lo que no podría recibir sanciones equiparables a las de Tapia o Jorge Molina, quien habría expedido la garantía bancaria falsa.
Este jueves el ‘Zar’ que habría estructurado el entramado para ganar el contrato de más de un billón de pesos, ha buscado preacuerdos con la Fiscalía a cambio de revelar lo ocurrido con el contrato y entregar los nombres de los políticos involucrados, entre los que se encontrarían congresistas y funcionarios del MinTIC.
Los apoyos políticos y de funcionarios a la UT Centro Poblados no sería únicamente para la adjudicación, sino también habrían intercedido para impedir la caducidad del contrato. Según conoció Noticias Caracol, uno de los detenidos de quien no se ha conocido su identidad, contó a la Fiscalía que cinco senadores presionaron a altos funcionarios del MinTIC para que la empresa consiguiera el contrato, como finalmente sucedió.
La ayuda parlamentaria también se habría mantenido fiel tras destaparse el escándalo y conocerse que la garantía bancaria era falsa. De acuerdo con Blu Radio, los congresistas también presionaron a funcionarios del Gobierno nacional y el MinTIC para evitar que adelantaran la caducidad del contrato, debido a que implica la inhabilidad por cinco años para contratar con el Estado y la cesión de los demás contratos vigentes de la empresas que conformaron el consorcio.
El principio de oportunidad que busca Tapia sería una práctica reiterada, al igual que los presuntos delitos, pues en 2013 también se convirtió en testigo clave del carrusel de la contratación en Bogotá. Por medio de ese benefició, consiguió pasar de una condena de 17 años de prisión a 7.
Al parecer, la Fiscalía no estaría dispuesta a acordar un principio de oportunidad con Tapia y le habrían advertido que si quería entregar información no tendría beneficios. Además, actualmente paga una condena por lavado de activos de 48 meses de prisión.
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