Proceso judicial contra la exministra Abudinen lo estudiaría el fiscal que llevó el caso del expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos

El periódico El Espectador publicó un artículo donde señalan que el fiscal Gabriel Jaimes, el mismo que solicitó la preclusión del proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, estudiaría también una denuncia que se instauró en contra de la exministra Karen Abudinen por el escándalo con el se adjudicó, al parecer de manera irregular, un contrato para llevar internet a los niños que habitan las zonas rurales del país.

Este medio que ha sido celebre en Colombia por ser el primero en desenmascarar a Pablo Escobar cuando el capo estaba en el congreso del país, lo que tuvo como consecuencia el asesinato de su entonces director Guillermo Cano y el posterior atentado con bomba que destruyó su redacción, informó que el pasado 18 de agosto Erick Urueta, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial en Cartagena (Bolívar), fue quien se encargó de señalar a la exfuncionaria del gobierno del presidente Iván Duque.

En ese diario, de origen antioqueño, destacaron que la denuncia consta de 10 páginas y que la persona que la instauró recibió respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación. Allí le indicaron que Jaimes Durán sería quien la estudiaría y decidiría si hay méritos para abrir o no un proceso formal en contra de Abudinen.

En ese medio impreso recordaron que la exministra tendría previsto presentarse en calidad de víctima en el proceso judicial que se inició en contra de los representantes de Centro Poblados, quienes son investigados por presuntamente haber presentado documentación fraudulenta para que les adjudicaran el billonario contrato y en el que hubo un anticipo de 70.000 millones de pesos, que ahora están de riesgo perderse.

En El Espectador explicaron que la fiscal del caso ha considerado como víctima al Ministerio de las TIC en las audiencias dentro de ese proceso judicial por el que fueron capturados Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, señalados de fraguar la documentación falsa, y en el que hasta terminó involucrado Emilio Tapia, quien fue condenado a 17 de cárcel por el desfalcó a Bogotá en el sonado caso del carrusel de contratación.

Solicitud de preclusión del caso Uribe

Precisamente está pendiente de una decisión final en la justicia ordinaria el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, donde supuestamente se buscaba que antiguos integrantes de las extintas Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) declararan en contra del senador Iván Cepeda y aseguraran que el congresista les ofreció beneficios a cambio de que ellos acusarán al exmandatario de estar implicado en la creación de grupos paramilitares en el país.

Una juez de la República tiene que decidir el próximo mes si acoge la petición de Gabriel Jaimes de precluir este caso, el más importante a nivel judicial en estos momento en el país, y que llegó a sus manos luego de que el también exsenador Uribe renunciara a su curul, que lo obligaba a responder ante la Corte Suprema de Justicia.

Según este fiscal no hay méritos para procesar a Uribe ya que los testigos en su contra, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su otrora compañera sentimental mintieron y entregaron pruebas incompletas a la Corte Suprema.

Además señaló que el dinero que le entregaron a otros testigos contra Iván Cepeda provenían del abogado Diego Cadena, y no de Álvaro Uribe, quien tampoco lo habría ordenado y habría tenido injerencia en ello.

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