ONG Nación Wayúu asegura que desnutrición infantil en la Guajira se debe a la corrupción

Después de que se conociera un informe de la Defensoría del Pueblo que expone los graves casos de desnutrición en menores de edad, la Organización No Gubernamental (ONG) Nación Wayuú, emitió un comunicado señalando las causas de esta situación. En particular, la entidad se refiere al hecho de que Guajira sea el departamento que encabeza la lista con más afectados y lo atribuye a la corrupción en el mencionado departamento.

Según el informe estatal, titulado ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, en Guajira actualmente hay 26 casos de desnutrición. Esto representa un 22,6 por ciento de los casos de todo el país.

Hay que mencionar que, si se analizan los datos, es preocupante que la cifras de casos de Guajira duplican a las del resto de países. El departamento que sigue en la lista del informe es Magdalena, con 11 casos (9,6 por ciento).

Nación Wayuú asegura que este hecho se debe a que la problemática de corrupción ha ido aumentando en Guajira con el pasar de los años. A la fecha, según la ONG, los habitantes de la península sienten que han sido abandonados por los gobernantes, tanto locales como nacionales. Señalan que en el orden estatal tampoco se han tomado medidas contundentes para evitar saqueos en la región.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta a las autoridades para llevar a cabo una “acción conjunta y preservar así los derechos nutricionales de la primera infancia en el país”.

Así mismo, Nación yWayuu invitó a los líderes indígenas y políticos a “tener sentido de pertenencia con el territorio y trabajar de manera mancomunada para vigilar que los recursos lleguen hasta las comunidades necesitadas, en aras de garantizar el bienestar de toda la población”. Se recordó que esta no es la primera vez que se denuncia la desnutrición en el departamento y que se debería actuar para que ningún menor sufra esto.

De hecho, hace más de cuatro años la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302 de 2017, a favor de los derechos de la niñez indigena wayuu y el mismo tribunal anunció que se encargaría de corroborar que, en efecto, se proteja a esta población. La tarea de verificar el cumplimiento de la normativa era del Tribunal Superior de Riohacha, sin embargo, se evidenció que hay una falta de diligencia en la actuación de este ente.

Las organizaciones encargadas de realizar la veeduría de la resolución solicitaron a la Corte Constitucional una audiencia pública para establecer los avances, obstáculos y retos presentados con relación a las órdenes emitidas. Al final, se resolvió que el alto tribunal se encargará de verificar la situación. Esto, teniendo en cuenta que se emitió el Auto 042 de 2021, en el que se asegura que ya se están tomando medidas para que se le cumpla a los menores que habitan en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, el debido acceso a salud, agua potable y seguridad alimentaria.

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