Escándalo de Mintic: Emilio Tapia amenaza con prender el ventilador y denunciar a senadores involucrados

Capturados y testigos empezaron a hablar con la Fiscalía, en la investigación por presunta corrupción en el contrato para la instalación de centros digitales rurales, y entregaron indicios de que pudieron existir nexos políticos, tanto para adjudicar el contrato, como para evitar la caducidad y sanción mayor a la Unión Temporal Centros Poblados.

Emilio Tapia, quien sería reincidente de corrupción después de ser condenado por el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, es para el ente acusador la persona que estructuró el entramado para ganar el contrato de más de un billón de pesos, del cual obtuvieron 70.000 millones de anticipo.

En ese contrato se investiga presunta corrupción luego de que se denunciara que la póliza de garantía bancaria, atribuida al banco Itaú, era falsa. Al parecer, los testimonios, chats y documentos de la Fiscalía, indican que Tapia dominaba a la Unión Temporal Centros Poblados desde la sombra en ese contrato.

Según RCN Radio, desde Barranquilla donde fue capturado y se encuentra hospitalizado, el llamado ‘zar de la contratación’ ha buscado un acercamiento con la Fiscalía para conseguir un acuerdo, a cambio de revelar lo ocurrido con el contrato y entregar los nombres de los políticos involucrados, entre los que se encontrarían congresistas y funcionarios del MinTIC.

Los apoyos políticos y de funcionarios a la UT Centro Poblados no sería únicamente para la adjudicación, sino también habrían intercedido para impedir la caducidad del contrato. Según conoció Noticias Caracol, uno de los detenidos de quien no se ha conocido su identidad, contó a la Fiscalía que cinco senadores presionaron a altos funcionarios del MinTIC para que la empresa consiguiera el contrato, como finalmente sucedió.

La ayuda parlamentaria también se habría mantenido fiel tras destaparse el escándalo y conocerse que la garantía bancaria era falsa. De acuerdo con Blu Radio, los congresistas también presionaron a funcionarios del Gobierno nacional y el MinTIC para evitar que adelantaran la caducidad del contrato, debido a que implica la inhabilidad por cinco años para contratar con el Estado y la cesión de los demás contratos vigentes de la empresas que conformaron el consorcio.

El principio de oportunidad que busca Tapia sería una práctica reiterada, al igual que los presuntos delitos, pues en 2013 también se convirtió en testigo clave del carrusel de la contratación en Bogotá. Por medio de ese benefició, consiguió pasar de una condena de 17 años de prisión a 7.

Al parecer, la Fiscalía no estaría dispuesta a acordar un principio de oportunidad con Tapia y le habrían advertido que si quería entregar información no tendría beneficios. Además, actualmente paga una condena por lavado de activos de 48 meses de prisión.

Tapia fue capturado junto a Luis Fernando Duque, representante legal de la UT Centro Poblados; y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, quienes han sido acusado de falsedad en documento privado y fraude procesal. De acuerdo con la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos, habrían incurrido en esos delitos al “engañar” al Ministerio TIC en la adjudicación del contrato.

Sin embargo, la Procuraduría ya abrió investigación en contra de tres funcionarios del MinTIC. Se trata de Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura.

Las funcionarias son investigadas por la modificación del pliego de condiciones que se habría realizado después de que el estructurador las entregara, sin los estudios técnicos necesarios. Así mismo, se cuestiona la adjudicación y evaluación de los requisitos, cuando se avaló pese a la garantía bancaria falsa presentada por los contratistas.

La audiencia de contra los capturados en medio de la investigación a Centros Poblados continuará el próximo viernes a las 8:00 am.

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