Luego de que fueran asesinados dos líderes sociales indígenas en el occidente del país, los crímenes contra estas comunidades no cesan y se registraron cuatro más en lo corrido de esta semana en el país, lo que tiene en alerta a las organizaciones de estas comunidades.
En RCN Radio, Óscar Montero, integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que los crímenes en contra de sus comunidades están ocurriendo desde el domingo y no han encontrados acciones decididas por parte de las autoridades para prevenirlos. “Hemos tenido el reporte de seis compañeros indígenas asesinados en el país”, señaló.
Tres de las víctimas se registraron en el departamento de Nariño, dos en Cauca, en el suroccidente colombiano, y otra en Chocó noroccidente, sobre el Pacífico colombiano.
Esa es una de las principales rutas del narcotráfico en la que grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidentes de la extinta guerrilla de las Farc y bandas del narco herederas de los paramilitares se disputan el control de las rentas de la droga como el Clan del Golfo.
Los indígenas que defienden su territorio y el medio ambiente, además de líderes de derechos humanos, son blanco de la violencia. Al menos 74 comuneros han sido asesinados en 2021, según un recuento de organizaciones indígenas.
De acuerdo con Montero, fueron asesinados por “no permitir” la “desarmonía por parte de los grupos armados que quieren disputarse los territorios de los pueblos indígenas en Colombia”.
La semana pasada también fue asesinado Efrén Antonio Bailarín, un exgobernador y líder del pueblo emberá del Chocó, que fue baleado mientras pescaba.
Las regiones apartadas del país sufren la peor arremetida de rebeldes y narcotraficantes desde que se firmó la paz en 2016 con la otrora guerrilla de las Farc, que fuera la más poderosa de América hasta su desarme.
Esas comunidades son afectadas por el desplazamiento, el reclutamiento forzado y el confinamiento obligatorio impuesto por esos grupos.
“El conflicto armado se mantiene y sin lugar a duda está desangrando a los pueblos indígenas que defienden el territorio”, agregó Montero, quien reclama ser víctima de un “genocidio”.
Colombia es el lugar más inseguro del mundo para ser líder ambiental. Casi un tercio (65) de los 227 activistas asesinados en 2020 son de este país, según el más reciente informe de la ONG Global Witness.
El país también es el principal productor de cocaína del mundo, una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados junto a la minería ilegal.
Piden al presidente Duque frenar el etnocidio
Los pueblos indígenas representados en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) le exigieron este miércoles al Gobierno nacional y a los grupos armados detener el “etnocidio físico y cultural” que están padeciendo en el país y que se habría agudizado por el supuesto “incumplimiento” de los Acuerdos de Paz.
La Organización Indígena de Colombia (ONIC) denunció que los pueblos originarios están siendo víctimas de asesinatos, estigmatizaciones, desplazamientos, amenazas y desplazamientos permanentes en los territorios por parte de diferentes actores armados que encuentran incómoda la defensa de los derechos, la vida y la paz por parte de esas comunidades.
“Exigimos al Gobierno en cabeza de Iván Duque y a los grupos armados legales e ilegales presentes en los territorios, detengan de manera inmediata y sin dilataciones el etnocidio físico y cultural en contra de los pueblos y naciones indígenas, sus líderes, voceros, comuneros, guardias y autoridades”, señalaron las autoridades indígenas.
Denunciaron que en lo corrido del 2021 han sido asesinados 43 líderes indígenas en Colombia, lo que equivaldría a entre cuatro y cinco muertes por mes, una preocupante cifra debido a que en el territorio nacional se encuentran 70 pueblos indígenas en vía de extinción física y cultural, de los 115 que habitan en el país.
“Demandamos al Gobierno no intervenir en los asuntos internos de nuestras organizaciones y procesos nacionales y territoriales de nuestras comunidad. A las instituciones que hacen parte del sistema judicial ordinario, respeten y acaten los mandatos, autonomía y jurisdicción de nuestros pueblos”, señalaron las organizaciones.
Con información de agencias.
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