Víctimas de falsos positivos en Tolima piden que comandantes del Ejército sean llamados ante la JEP

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó un nuevo informe sobre la macabra estrategia que usaron militares colombianos para hacer pasar a civiles como guerrilleros muertos en combate, casos que recibieron el nombre de ejecuciones extrajudiciales o comúnmente llamados falsos positivos.

En un trabajo conjunto entre el Observatorio Surcolombiano de derechos humanos, paz y territorio, la Universidad del Tolima y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron el informe ‘Más que estadísticas’, sobre las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Tolima, que documenta el asesinato de civiles presentados como muertos en combate entre el año 2000 y 2015, a partir de 60 casos con 86 víctimas, en tres modalidades:

1. Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates simulados entre tropas del Ejército Nacional y grupos armados ilegales

2. Ejecuciones extrajudiciales de civiles que, aun cuando no fueron presentados como bajas en combate o no se cuenta con esta información, le son atribuibles al Ejército Nacional

3. Asesinatos perpetrados conjuntamente entre el Ejército Nacional y grupos paramilitares

Estos hechos comprometen la presunta responsabilidad de al menos nueve comandantes de la Quinta División, así como la participación directa de personal jerárquico de los batallones No. 18 “Jaime Rooke”, de contraguerrillas Nr. 6 “Pijaos”, el Nr. 16 “Patriotas” y Nr. 17 “Gral. Caicedo” y de la Brigada Móvil Nr. 8.

El informe documenta estos crímenes agrupándolos en dos periodos: uno comprendido entre 2000 y 2006, cuando se presentaron 20 casos con 32 víctimas, y el otro entre 2006 y 2013, con 31 casos y 51 víctimas.

Según lo encontrado por estas organizaciones, en ambos periodos se identificaron patrones que llevan a demostrar la existencia de un aparato criminal dentro de la Quinta División del Ejército Nacional, la Sexta Brigada y varias de sus unidades, así como el traslado de esta misma práctica a otras divisiones.

“Lo que permite concluir que la sistematicidad y generalidad de este accionar criminal obedeció a una política dirigida desde el alto mando militar, como también se ha ido documentando en otros informes presentados por las organizaciones de derechos humanos a la JEP”, señala el informe.

Respecto a la fase de planeación, se documentó en el primer periodo comprendido entre 2000 y 2006, que las víctimas eran personas en condición socioeconómica vulnerable, habitantes de zonas rurales o lugares apartados. Algunas fueron señaladas de colaborar con grupos armados ilegales con base en información obtenida de fuentes anónimas o no verificadas.

Hablan también de una decisión judicial que puso de presente la existencia dentro de la Sexta Brigada de redes de informantes con márgenes arbitrarios de actuación y denuncia. De este modo, cuatro de las víctimas, integrantes del Sindicato Agrícola de Trabajadores del Tolima –Sintragritol-,fueron catalogadas como parte del ‘enemigo interno’.

En el caso de 25 de las víctimas, estas fueron abordadas por parte de las tropas del Ejército y sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos, solo por señalamientos de terceros.

En cuanto a fase de ejecución de los crímenes, el informe señala que hubo una simulación de combate y al menos a la mitad de las víctimas les fue implantado armamento o material de guerra, (en todos los casos el resultado de la prueba de absorción atómica -que comprobaría la manipulación del arma-, fue negativo). En el caso de ocho víctimas se logró corroborar que la trayectoria de las balas no coincidía con la descripción.

En relación con el encubrimiento, cinco de las víctimas fueron desaparecidas antes de la ejecución extrajudicial y siete fueron presentadas como Personas No Identificadas -PNI-. Dos víctimas fueron inhumadas en fosas comunes. Igualmente, se alteraron documentos relacionados con la operación, hubo declaraciones de militares negando o legitimando la práctica, e inconsistencias en sus testimonios ante la justicia.

Para el segundo periodo comprendido entre 2006 y 2013, el informe revela que en la fase de planeación se incorporó la práctica de los reclutadores civiles, entre ellos, se destaca Luis Jhon Castro Ramírez alias “El Zarco”, capturado en España y extraditado al país recientemente, quien asegura haber actuado en varios de estos hechos criminales bajo las órdenes del Ejército y, de hecho, se encuentra investigado por la comisión de algunos de estos hechos.

Las organizaciones que presentan el informe también solicitan que el conjunto de víctimas de estos hechos, sean reconocidas por esta jurisdicción, y que se llame a rendir versión voluntaria a la plana mayor de la V División y la VI Brigada, y otras unidades de menor rango. Ellos son:

Freddy Padilla de León comandante del 1 de diciembre de 2000 hasta el 20 de agosto de 2002

Reinaldo Castellanos Trujillo comandante del 18 de noviembre de 2002 al 19 de noviembre de 2003

Hernando Alonso Ortiz comandante del 19 de noviembre de 2003 al 28 de abril de 2005

Carlos Suárez Bustamante comandante del 28 de abril de 2005 al 16 de septiembre de 2006

Gustavo Matamoros Camacho comandante del 20 de septiembre de 2006 al 16 de noviembre de 2007

Jairo Antonio Herazo comandante del 16 de noviembre de 2007 al 3 de diciembre de 2009

Juan Pablo Rodríguez Barragán comandante del 2 de diciembre de 2009 al 15 de septiembre de 2011

Henry Torres Escalante comandante del 31 de enero de 2012 al diciembre de 2013

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