Nuevo lío en el caso MinTIC: se voló el acusado de falsificar las pólizas del contrato

El pasado lunes 20 de septiembre se conoció sobre la captura del empresario Emilio Tapia, también conocido como el ‘Zar de la Contratación’, y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, por su presunta vinculación en el escándalo de conectividad entre dicha Unión Temporal y el Ministerio de las TIC, que entregó un anticipo de 70 mil millones de pesos para llevar internet a los niños de las zonas más alejadas del país.

Sin embargo, dentro de este procedimiento, la Fiscalía General de la Nación también presentó cargos contra Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, y el contratista Jorge Enrique López Benavides, quien sería uno de los elementos clave dentro de la falsificación de los documentos que Centros Poblados presentó al MinTIC para la licitación del contrato, que ascendía hasta los $1,07 billones.

Justamente, López Benavides, de quien poco se ha hablado pero el cual tendría un papel esencial dentro de la polémica, no fue encontrado por las autoridades cuando estas se disponían a capturarlo, en el marco de la orden de allanamiento que reposaba sobre él. Según ha expuesto el diario El Tiempo, al presunto falsificador no le fueron entregados los documentos necesarios para hacer el estudio de viabilidad de las garantía, ni tampoco se pagó la prima por su expedición.

En el marco de la investigación, Jorge Alfonso Molina, que también es señalado de gestionar las garantías fraudulentas, mencionó que se acordó el pago de estas por 2.800 millones de pesos, de los cuales, según indicó, solo les entregaron 100 millones. Ese monto habría sido consignado a la cuenta de un familiar de Molina y, posteriormente, este la envió a una cuenta referenciada por López Benavides.

LAS LEGALIZACIONES DE CAPTURA:

Las detenciones de Tapia y el representante legal de Centros Poblados, que se realizaron en Barranquilla y Medellín respectivamente, significaron el primer paso para esclarecer los vínculos que tendrían con el millonario contrato de MinTIC, el cual desencadenó en la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen.

De acuerdo con la información conocida por Semana, durante la audiencia de imputación de cargos, el defensor de Luis Fernando Duque, Julián Quintana, solicitó que la orden de captura se declarase ilegal, en cuanto manifestó que violó un derecho fundamental de su cobijado:

“Dentro de la orden de allanamiento emitida por la señora fiscal, se omite que ese allanamiento era con fines de captura, sin embargo, cuando uno mira lo que no nos ha dicho nuestra honorable Corte, hay una interpretación que nos da a entender que cuando la Fiscalía quiera capturar a una persona y quiera hacer un allanamiento, lo que corresponde es solicitar de manera preliminar el allanamiento y posteriormente la orden de captura”, aseveró.

Durante las detenciones, a Laverde le fueron encontrados dos celulares y varios documentos relacionados con el caso; a Duque, papeles de Centros Poblados, un arma de fuego, de la cual tenía permiso para portarla, y un computador. La fiscal delegada solicitó en la mañana de este martes al Juez 53 la legalización de la captura de los tres indiciados, quienes son investigados por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, como se presume fue la garantía bancaria presentada para ganar el concurso en el Ministerio TIC.

La exministra Abudinen, luego de conocerse las capturas de los implicados, anunció que solicitará, por medio de sus abogados, ser acreditada como víctima en el proceso. Recordemos que la exfuncionaria, quien tuvo que dimitir a raíz de las denuncias el pasado 9 de septiembre y era la jefe de la cartera al momento de la firma del contrato, dio poder Jaime Lombana para su representación. Dicha solicitud, de acuerdo con la emisora Blu Radio, se cumpliría en la tarde de este martes 21 de septiembre.

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