Denuncian presiones a testigos clave en el proceso judicial que se lleva por el escándalo de contratación del Ministerio de las TIC

Como si se hubiera destapado un caja de Pandora, comienzan a revelarse las señaladas irregularidades y presuntos actos de corrupción en el proceso judicial que se inició por el escándalo de contratación del Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) donde están en riesgo 70.000 millones de pesos, que se adjudicaron de adelanto a Centros Poblados, entidad que se iba a encargar de llevar internet a los niños que viven y estudian en las zonas rurales de Colombia.

Entre lo que se conoció el martes, aparte de que en esta caso también resultó involucrado también Emilio Tapia, ya condenado a 17 años de cárcel por el desfalco a Bogotá en el Carrusel de Contratación, se reveló, además, que testigos clave fueron víctimas de presiones y amenazas para inculparse.

Los detalles se develaron en la audiencia de legalización de captura de Tapia, de Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

En la emisora RCN Radio, recogieron de la diligencia judicial que el pasado 22 de junio, Laverde y Tapia contactaron a Jorge Alfonso Molina, para que se inculpara solo a sí mismo luego de tramitar las garantías de cumplimiento falsas para que la mencionada compañía lograra quedarse con la controversial licitación en la que hubo el adelanto de 70.000 millones de pesos, que se encuentran en riesgo de perderse.

En la emisora explicaron que el objetivo era que Molina reconociera que la unión temporal actuó de buena fe, pero que fue él quien los engañó y realizó las maniobras fraudulentas.

“Le solicitan que se inculpe, que diga que él los engañó (...) y que precisamente ellos no tenían nada que ver y que a cambio corrían con todos los gastos de representación para ellos poder salir avantes de todo ese proceso penal”, recogieron en RCN de la intervención de la fiscal 79 anticorrupción que tiene a su cargo este nuevo escándalo de supuesta corrupción.

En el medio radial también recogieron, de lo que se dijo en la audiencia, que incluso hubo insistencia para que Molina se inculpara, enviando a un emisario, que sería el abogado Daniel González, con quien se reunió el testigo en el centro comercial El Tesoro de Medellín.

“El abogado Daniel González le hace la misma propuesta, obviamente a nombre del señor Emilio y Juan José, de que aceptara porque él sabía que detrás de esto había gente muy poderosa y que le recomendaba que aceptara esta propuesta, que lo pensara bien porque había gente muy importante”, citaron en la emisora de lo que se dijo en la diligencia.

Pero además, revelaron en la audiencia, que el representante de Centros Poblados intentó borrar del celular de Molina conversaciones que serían prueba de que se obtuvieron documentos falsos para quedarse con la licitación por más de un billón de pesos.

Esto, explicaron en la audiencia, les hubiera permitido hasta ser indemnizados por el estado, ya que los procesados pretendían instaurar acciones administrativas tras anular la contratación.

“Estas mismas personas han anunciado en medios abiertos que iniciarían en contra del Ministerio un proceso y demandarían al Estado por el perjuicio que les ha causado porque ellos de buena fe adquirieron esas garantías bancarias y que fueron engañados, y que por lo tanto no se tenía que haber decretado la caducidad”, reseñaron de la diligencia en RCN Radio.

Entre tanto Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Novotic y de Nuvo Security LLC, empresa que también recibió dinero del anticipo del Ministerio de las TIC, aseguró que daría más detalles de las irregularidades en ese proceso.

En RCN recordaron que el empresario había denunciado que recibió amenazas por parte hombres armados que le dijeron que los asesinarían si hablaba de lo que estaba ocurriendo en el proceso de contratación.

Bajo estos argumentos la fiscal del proceso solicitó que se le dictara medida de aseguramiento a Emilio Tapia.

“Podría afectar la administración de justicia puesto que existen graves motivos que permiten inferir que podría destruir elementos de prueba, a inducir a coimputados o testigos para que declaren falsamente ya que al tener una participación directa y relevante en los hechos motivos de investigación el eco de esa amenaza a uno de los testigos para que no hablara constituye un beneficio a su favor”, se señaló en la audiencia.

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