Traslado masivo de trabajadores a Colpensiones le costaría al país $35 billones

En la Cámara de Representantes se revivió un proyecto de ley que el pasado mes de octubre ya había sido rechazado por el Congreso de la República y con el cual se permitiría el traslado exprés de los afiliados a los fondos de pensiones, una acción que le costaría al país $35 billones de pesos. El proyecto ya estaría listo para el primer debate.

Ante esto, en las últimas horas, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto técnico en el que advierte de los efectos negativos en la economía del país que tendría la aprobación del proyecto de ley 018 de 2021, con el cual se pretende que las personas afiliadas a un fondo de pensiones privado, puedan trasladarse a Colpensiones, o viceversa.

El Ministerio advirtió que “el traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del Régimen de Prima Media (RPM), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad”.

La cartera agregó que la propuesta de este proyecto de ley no establece un mecanismo de compensación financiero con el cual se den las equivalencias económicas necesarias para financiar las pensiones y que, además, el proyecto tendía un costo de $35 billones para el país. Además, para el Ministerio las personas que se trasladan entre regímenes buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos que están dentro del RPM, beneficiándose así con pensiones más altas de las que podrían haber adquirido en otro fondo de pensiones.

“En este escenario, se tiene que se trasladan desde las AFP hacia Colpensiones 223.000 personas, de las cuales se estima que el 59 % logra pensionarse, y que se trasladan hacia Colpensiones con cerca de $29,4 billones que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI), incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y que además implican la anulación neta de bonos pensionales por valor de $9,9 billones. Quienes se trasladan generan un costo en valor presente para la nación por valor de $74,3 billones, que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas”, señalo el comunicado firmado por el viceministro técnico, Jesús Bejarano.

El Ministerio agregó que el impacto fiscal “está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben y de la mayor probabilidad de pensionarse que presentan en este escenario”. Explicó que en el grupo de menores ingresos, que va de uno a dos salarios mínimos, el impacto es de $0,8 billones de pesos, es decir, menos del 2,3% del impacto total estimado.

Desde la carterta proyectan que, desde Colpensiones, como la principal administradora del RPM cerca de 14.100 personas se trasladarían hacia las AFP del RAIS, las cuales se concentrarían en el nivel de aportes de un salario mínimo. Esto significaría un costo fiscal por efecto de la expedición de nuevos bonos pensionales por valor cercano a $2 billones.

“En conjunto se estima que el costo fiscal neto resultante de los traslados por efecto del proyecto de ley, bajo este escenario propuesto, sería de $35 billones en una proyección hasta el año 2070”, se lee en el documento del Ministerio de Hacienda.

Este proyecto de ley fue radicado por los representantes María Cristina Soto, del Partido Conservador, y Omar de Jesús Restrepo Correa, del partido Comunes; por medio del cual pretenden el “restablecimiento de los derechos afectados a un grupo significativo de los sectores sociales más vulnerables al omitirse la obligación constitucional de brindarles la doble asesoría previa a la decisión de afiliación o traslado entre regímenes pensionales”.

Con esta iniciativa se establecen unos parámetros mínimos como que los hombres deben ser mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47 años, sumado a una cotización mínima de 750 semanas.

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