Enrique Vives Caballero, empresario samario, es uno de los personajes más comentados de las últimas semanas debido a su presunta responsabilidad en la muerte de seis jóvenes al arrollarlos en una carretera del sector de Gaira. Olmis Cotes, jueza penal municipal con funcionas de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para el hombre y, en el momento, se encuentra recluido en la prisión Rodrigo de Bastidas de la capital del Magdalena.
Por la determinación de la jueza, la defensa de Vives presentó la apelación a la medida de aseguramiento que pretende dejarlo tras las rejas mientras se resuelve el caso. Sin embargo, el detalle que resaltó de la audiencia fue la denuncia de Diana Quiñones, fiscal auxiliar para el caso.
De acuerdo con la funcionaria de la Fiscalía, recibió una llamada de Alfredo Vives Lacouture, a quien se le restringió la entrada a la Unidad de Reacción Inmediata del ente acusador. Frente a esto, señaló a Quiñones de responder a las órdenes de políticos locales.
“Lo iba a hacer antes de mi intervención, pero quiero dejar una constancia. El día de ayer, siendo las 10:56 de la mañana, recibí una llamada del abonado celular (...) de una persona que se identificó como Alfredo Vives y manifestó ser el padre del señor Enrique Rafael Vives Caballero”, narró la mujer, dejando en claro el número telefónico de Vives Lacouture.
“No lo dejaban entrar a la URI y que iba a visitar a su hijo. Le manifesté que tenía restricciones a la libertad y que tenía que entender eso. Me manifestó que si cualquier cosa que le pasara médicamente –porque estaba enfermo– era responsabilidad de la Fiscalía. Igualmente, hizo otra manifestación. Dijo que la Fiscalía, Procuraduría y la juez estábamos al servicio de los lacayos y los políticos. Le dije que respetara, que nosotros no estábamos al servicio de ningún grupo político y no tenía que seguir escuchándolo”, narró la mujer.
Después de colgarle a Vives Lacouture, la mujer puso el hecho en conocimiento de sus superiores y dejó la constancia para que, a su vez, obre dentro de la actuación.
La jueza Cotes, por su parte, también negó las acusaciones del padre del procesado recalcando que no responde a ningún político. “No tengo ningún interés particular, no me asiste ningún compromiso con alguna de las partes intervinientes en este caso. Estoy actuando de manera imparcial como siempre”, aseveró.
Desde el 20 de septiembre en la noche, el hombre está en la cárcel Rodrigo de Bastidas de la capital del Magdalena y permanecerá allí mientras enfrenta el juicio en su contra. Cabe mencionar que Vives podría salir de la cárcel próximamente si se declara nula la medida de aseguramiento. Lo anterior debido a que Álex Fernández Harding, defensor del presunto victimario, impugnó la decisión de la juez y pidió que el caso sea archivado y el hombre se remita a terapia psicológica.
Esta no es la primera vez que la defensa de Vives pide esto, pero para las víctimas, e incluso miembros de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, estas son formas de dilatar el proceso. Incluso, la semana pasada una comisión lo visitó en la clínica donde era atendido para revisar su estado.
La delegada de la Procuraduría señaló irregularidades relacionadas al hecho de que Perfect Body, la clínica donde era atendido el presunto victimario, no había entregado a las autoridades la historia clínica del paciente. Además, sostuvo que el pasado miércoles en la mañana, Harding dejó abierto el micrófono del Zoom y se pudo constatar el estado de conciencia de su defendido.
SEGUIR LEYENDO: