JEP ordena nuevas medidas para la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a diferentes instituciones del Estado colombiano implementar nuevas medidas para la protección de los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, ante la grave situación de seguridad que enfrentan en el país.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Verdad adoptó nuevas decisiones orientadas a fortalecer las estrategias desplegadas para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz y a sus familias, con el fin de garantizar su seguridad y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por los crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado.

“Entre las medidas adoptadas por la JEP, se ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias”, indicó el tribunal de paz en un comunicado.

De igual manera, ordenó al Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia que comunique las acciones encaminadas a lograr la reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización contra los exmiembros de la guerrilla en el país.

Por otra parte, la justicia transicional informó que dentro de la violencia padecida por estos ciudadanos en búsqueda de la reincorporación, se han registrado homicidios, atentados contra la vida y la integridad, extorsiones, persecuciones, amenazas que buscan el desplazamiento forzado, entre otras conductas contra esta población.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del año han sido asesinados 37 excombatientes y 286 desde la firma del Acuerdo de Paz entre la desmovilizada guerrilla y el Estado Colombiano hace cinco años.

“En el trámite de medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los comparecientes forzosamente la JEP, a través de los Autos 049 y 050, la JEP vinculó al proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le solicitó, al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que informen qué medidas específicas han adoptado para la protección delos derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados”, señaló la JEP.

Por último, la Sección manifestó su preocupación por el número de familias de exintegrantes que han tenido que abandonar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) por la violencia, “quedando expuestos a una situación grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana”.

Por tal razón, exigió protección especial de sus derechos a la vida, libertad, salud, integridad, seguridad, educación, vivienda digna y acceso a proyectos productivos que les permitan tener un ingreso para su subsistencia.

El miércoles 15 de septiembre se llevó a cabo en la Cámara de Representantes un debate de control político citado por los congresistas del Partido Comunes para reclamar al Gobierno nacional por los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz que ellos han detectado. En medio de la plenaria, ambas partes expusieron sus argumentos y, mientras los exguerrilleros señalaron al gobierno Duque de omitir los compromisos pactados, los funcionarios del Gobierno recalcaron el compromiso de este con la paz.

Uno de los primeros en intervenir fue el representante Luis Alberto Albán, quien en medio del conflicto armado fue conocido como Marcos Calarcá, quien abordó la financiación de la paz y las muertes de excombatientes luego de la firma de los acuerdos en La Habana.

Según Albán hay “una ausencia de garantías para los que dejamos las armas”, pero no solo para ellos, sino en general para la paz del país, pues aseguró que esta “está desfinanciada”. El exguerrillero detalló que “en el Presupuesto de este año que acaban de aprobar las comisiones económicas del Congreso solo se destina el 3,1 por ciento” al acuerdo, “es decir que la desfinanciación sigue acumulándose”.

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