Exministra Karen Abudinen solicitará ser acreditada como víctima en el caso de Centros Poblados

Tras las primeras capturas en la investigación de irregularidades del contrato de MinTIC con Centros Poblados, la exministra Karen Abudinen anunció que solicitará por medio de sus abogados ser acreditada como víctima en el proceso que se adelanta contra los presuntos responsables.

Abudinen, que tuvo que dimitir a raíz de las denuncias el pasado 9 de septiembre y era la jefe de la cartera al momento de la firma del contrato, dio poder al abogado Jaime Lombana para su representación, a través del cual buscará inicialmente ser acreditada como víctima.

La solicitud, de acuerdo con la emisora Blu Radio, se cumplirá en la tarde de este martes 21 de septiembre, cuando se adelanta la audiencia de legalización de captura en contra del representante legal de la UT Centros Poblados, Luis Fernando Duque; el condenado por corrupto Emilio Tapia y Juan José Laverde, miembro de Rave Agencia de Seguros.

Durante la audiencia, la fiscal delegada solicitó en la mañana de este martes al Juez 53 la legalización de la captura de los tres indiciados, quienes son investigados por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, como se presume fue la garantía bancaria presentada para ganar el concurso en el Ministerio TIC.

Así mismo, se solicitó legalizar las incautaciones y allanamientos que se han realizado a las oficinas y empresas de los presuntos responsables, donde se recogieron documentos, computadores, celulares y discos duros con información que podría permitir conocer las irregularidades que tuvo el contrato y sus fines.

Según el famoso penalista Jaime Lombana, que ha hecho parte del equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe, la razón para solicitar que Abudinen sea acreditada como víctima es porque los funcionarios del MinTIC, incluida ella como cabeza del órgano, fueron engañados por los contratistas, así lo explicó a RCN Radio.

Será el Juez 53 el que evalúe la solicitud y decida si la exministra puede ser parte del proceso como víctima y cumple los requisitos, o negarla en caso de que no se sustente o deba ser investigada como otro sujeto procesal. Según la misma Abudinen, hay funcionarios del Ministerio que participaron en los hechos investigados.

“Me retiro con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron a la sociedad. Los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente. Abundan las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se concertaron con algunos servidores públicos, hechos que denuncié oportunamente”, señaló la exministra al presentar su renuncia.

A mediados de agosto, La periodista de W Radio, Paola Herrera, encontró que el contratista condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal. En 2017, dicha empresa se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.

Precisamente, a Intec de la Costa fue a quien se le encargó la obtención de los documentos para la presentación de garantías con el MinTIC, según el representante de la UT. En esta empresa aparece el nombre de Fernando Lorduy Fernández, al cual señalan como ex cuñado de Tapia. Estas pólizas, recordemos, fueron identificadas como falsas por parte del banco Itaú, entidad bajo la cual, supuestamente, se habían expedido los documentos.

La garantía fue tramitada por medio de Rave Agencia de Seguros, que manifestó a la UT Centros Poblados, según el abogado de la compañía Pino Ricci, que se tramitarían por medio de un tercero a través de la compañía bancaria Iatú.

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