El caso de pérdida de recursos de Bioenergy S.A.S. revivió este 20 de septiembre debido a que siete personas fueron imputadas por dar continuidad a la construcción de la Planta de Producción de Etanol El Alcaraván cuando esto no era viable. La encargada de tomar la decisión fue la Contraloría General de la República, que detalla que quienes deberán responder fueron imputados por responsabilidad fiscal en la suma de 920.646 millones de pesos. Los sindicados se desempeñaron como gerentes generales y miembros de la junta directiva de la compañía entre 2009 y 2015.

La seccional encargada de tomar la decisión fue la Contraloría Delegada Intersectorial número seis de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del órgano de control. Ellos señalan que la culpa grave la tendrian Jaime Flórez Muñoz, quien fue gerente general de Bioenergy Zona Franca S.A.S entre 2009 y 2012, y Aleck Santamaría De La Cruz, quien ocupó el mismo cargo pero entre 2012 y 2015.

Así mismo, están implicados Maria Elena Velasquez Restrepo, Juan Felipe Munera Yepes, María Cristina Gloria Inés Cortes Arango, Myung - Ho Lee Y Claudia Castellanos Rodríguez en su calidad de miembros principales de la junta directiva.

Ellos estarían detrás de que se construyera El Alcaraván cuando no era viable, e incluso, aprobaron que se pagarán aproximadamente 434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011. También hubo un deficiente desarrollo del componente agrícola del proyecto, esto desencadenó en una pérdida de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos que correspondian al valor de las capitalizaciones realizadas a Bioenergy Zona Franca S.A.S para la ejecución del proyecto industrial.

Es de mencionar que Bioenergy S.A.S. y Bioenergy Zona Franca S.A.S. se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan la recuperación de los recursos.

Los antecedentes de este proceso se relacionan con el hecho de que Bioenergy Zona Franca S.A.S contrató con la empresa española Isolux Ingeniería S.A. mediante Contrato ZF No. 050-10 de junio de 2010, la construcción de la planta industrial de Producción de Etanol El Alcaraván, en Puerto López (Meta), con un plazo de 22 meses, la cual iniciaría a funcionar en abril o mayo de 2012.

Sin embargo, el 8 de abril de 2014, después de firmar 6 otrosíes, Bioenergy Zona Franca S.A.S terminó el contrato y para continuar con la ejecución del proyecto en su componente industrial, suscribió el 18 de julio de 2014 el contrato ZF No. 0010 -14 con el Consoncio Menegua, con un plazo de 14 meses, el que tampoco se cumplió, al celebrar 15 otrosíes, y con el Consoncio Applus, la interventoría (15 de septiembre de 2014).

Se reprocha por parte del ente de control, el haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja, por cuanto en 2017, año en que se certificó el arranque de la planta industrial (14 de julio de 2017), estos se encontraban negativos (Tasa Interna de Retorno TIR -1.2% EA y Valor Presente Neto VPN -609), con la obtención de utilidades sólo hasta el año 2027.

La CGR comprobó que desde el momento anterior a la celebración del otrosí No. 6 al contrato C-050-10, en diciembre de 2013, las condiciones financieras mostraban el decrecimiento de la Tasa Interna de Retorno, el cual fue contundente, por cuanto para la fecha que se preveía que entraría en funcionamiento la planta “El Alcaraván” (28 de marzo de 2013), la TIR ya se mostraba inferior en un 50 % frente al caso de negocio.

Firmado el otrosí No. 6 y terminado el contrato EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), en junio de 2014, se aprobó el control de cambios 2, pasando el CAPEX del proyecto de USD$459 a USD$750 millones de dólares, al mismo tiempo que la TIR pasaba del 6.49 % EA a 2.44% EA y el VPN del mismo de -102,61 a -152,3 (de junio de 2013 a junio de 2014).

La justificación de la celebración de este control de cambios se dio, entre otras razones, por la contratación que BIOENERGY debió ejecutar para finalizar el proyecto, aumentando de forma considerable los costos de contratos a precios unitarios, e implicando un control mayor con aumento de costos de interventoría y costos de personal en equipo de proyecto.

Concluye la imputación que, con estos indicadores, no tenía sentido haber destinado los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S., para terminar la construcción de la planta El Alcaraván cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%.

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