Desmantelada en Antioquia organización criminal dedicada al tráfico de migrantes

Un nuevo golpe contra las bandas criminales que azotan el país fue dado en las últimas horas por las autoridades colombianas pues, gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial Dijín, en coordinación con la Agencia del Servicio Diplomático de Estados Unidos, se logró la judicialización de diez integrantes del grupo delincuencial denominado Errantes.

De acuerdo con las investigaciones, las autoridades lograron determinar que los Errantes se dedicaban al tráfico de migrantes, una de las mayores problemáticas que vive Colombia actualmente. Los seguimientos revelaron que, al parecer, ingresaban extranjeros de forma irregular por la frontera de Ecuador, los cuales eran transportados hasta Ipiales, Nariño, para posteriormente dirigirlos en flotas intermunicipales hasta las ciudades de Cali o Medellín, y de ahí hasta los municipios de Turbo o Necoclí.

En un operativo denominado ‘Errante’ realizado el pasado 11 de septiembre, se logró desmantelar la banda tras allanamientos desplegados en Ipiales (Nariño), Medellín, Necloclí (Antioquia) y Bogotá. Allí se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de Armando Wilson Meneses Tucánez, alias Germán o El Poli, máximo cabecilla del grupo criminal; Iván Darío Yandún Benavides, alias Iván o Darío; Dibán Edmundo Yandún Pastas, alias Don Iván; Juan Daniel Castaño Lucero, alias Daniel; Gerardo Elías Quintero Castañeda, alias Capo o Trapo; Wilinton Eduardo Espitia Pérez, alias Willy; Daniel Mauricio Patiño Arévalo, alias El Pastuso; Wilson De Jesús Muñoz Castañeda, alias El Paisa; Diego Alejandro Montoya López, alias Panguano; y Ausberto Vélez Ramírez.

De acuerdo con el diario El Colombiano, el líder de la estructura, Armando Wilson Meneses Tucanez, alias “Poli”, tenía medida de detención domiciliaria debido a que en el año 2017 fue capturado por el mismo delito y a la fecha contaba con un permiso de trabajo, el cual aprovechó para continuar con su actividad delincuencial.

Según informó el mayor general Fernando Murillo, director de Investigación Criminal de la Interpol, la investigación tardó alrededor de seis meses con estricta vigilancia y seguimientos, que permitieron establecer la manera como operaba la organización delincuencial.

El uniformado Murillo indicó que su domicilio estaba ubicado en el municipio de Ipiales, desde donde coordinaba con los demás integrantes de la organización criminal el transporte ilegal de migrantes desde Ecuador. De igual manera, se conoció que este cobraba altas sumas de dinero y su red se extendía por todo el territorio nacional, con apoyo de dueños y administradores de hoteles, conductores de buses de transporte interdepartamental, taxistas y lancheros en la costa Caribe.

“Durante las labores investigativas se logró identificar a los integrantes de esta red criminal y conocer la ruta que utilizaban para traficar con migrantes, exponiéndolos a diversos vejámenes inclusive hasta mantenerlos encerrados en hoteles o casas de acopio en contra de su voluntad, quitándoles los pasaportes o pertenencias si no pagaban el costo que cobraban por llevarlos hasta la costa Caribe”, afirmó el mayor general.

Lo relevante es que dicha red presuntamente embarcaba a los migrantes vía marítima utilizando lanchas hasta Capurganá (Chocó). Además, continuaban por la selva de Tapón del Darién hasta Panamá donde eran recibidos por los ‘Coyotes’, quienes eran los encargados de coordinar el paso por diferentes países para finalmente lograr llegar a los Estados Unidos.

La organización traficaba con migrantes de Nepal, India, África y China, entre otros, y la travesía podía durar unos 236 días. “Se pudieron evidenciar más de 1.500 migrantes que pasaron por esta ruta, de los cuales muchos de ellos no alcanzaron a llegar a territorio norteamericano por la dificultad de este viaje”, añadió.

En audiencias preliminares, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de tráfico de migrantes, falsedad material en documento público, violación de medidas sanitarias y concierto para delinquir. Sin embargo, los cargos solamente fueron aceptados por Juan Daniel Castaño Lucero y Diego Alejandro Montoya López.

Entre tanto, jueces con función de control de garantías impusieron un total de siete medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario y tres en detención domiciliaria.

SEGUIR LEYENDO: