Denuncian destrucción de casas campesinas en el Yarí en medio de operación que busca combatir la deforestación

Organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Caquetá, que habitan predios cercanos a la Serranía de Chiribiquete denunciaron que sus casas fueron destruidas por las autoridades en operativos contra la deforestación de la zona. En los videos difundidos se ven las estructura con llamas y cenizas.

Las organizaciones denunciaron “los atropellos y las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por el accionar de la Operación Artemisa en áreas circunvecinas del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, más exactamente en la zona de Filo Quince, vereda El Triunfo y el cabildo Nasa La Esperanza, zona de litigio del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá”.

De acuerdo con un comunicado que expidieron varias organizaciones de Caquetá y San Vicente del Caguán, en esa vereda se habrían producido afectaciones a viviendas y procesos de judicialización contra algunos habitantes. Además, aseguraron que habían dos personas desaparecidas, entre ellas un anciano. “Según información de las organizaciones, la zona se encuentra cercada militarmente sin permitir la movilidad de las personas en la zona donde se realiza el operativo”, agregaron.

Desde hace varios meses, los campesinos de esta zona del Caquetá se han movilizado en contra de la operación Artemisa del Ejército que busca combatir la deforestación. Exigen que se adelante diálogo con las comunidades que habitan cerca del PNN porque no son causantes de la afectación ambiental y requieren soluciones para su vivienda.

“Exigimos el cumplimiento del acuerdo de reforma rural integral, el manejo debido a los programas de PDET y PNIS en los territorios, así como el cumplimento de los acuerdos de San Juan del Lozada, los acuerdos de Altamira y los acuerdos de la mesa Campesina de Sur del Meta y Guaviare, que buscan solucionar esta grave crisis social que ha ocasionado una mala planeación y direccionamiento de la política ambiental del gobierno Duque que busca criminalizar y desalojar los territorios para entregarlos a las manos de grandes capitales”, sostuvieron los denunciantes.

Estos nuevos operativos ya habían sido anunciados por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien tras una visita al departamento el pasado 11 de septiembre, aseguró que esa sería una de las acciones de la fuerza pública para luchar contra el delito, definidas en un Consejo de Seguridad.

“En materia de control y protección de activos como el agua, la biodiversidad y los bosques, este departamento es prioritario para el desarrollo de la campaña Artemisa [...] Seguirá el esfuerzo de forma permanente en la serranía del Chiribiquete, especialmente en el sector de sabanas del Yarí, con operaciones continuas para protección y evitar la deforestación”, señaló Molano en esa ocasión.

El senador Feliciano Valencia se pronunció sobre los reciente operativos denunciados. “Después de la audiencia territorial realizada en la Macarena y las denuncias de los campesinos sobre la grave situación de las comunidades frente a la operación Artemisa, Fuerza Militares realizaron operativos en Llanos del Yarí - Meta. Iván Duque, el diálogo es el camino”, sostuvo.

Desde el pasado mes de junio se instaló la Mesa de Diálogo de Caquetá y Sur del Meta pero no han logrado acuerdos con el gobierno. En ese diálogo se ha propuesto la creación de zonas de reserva campesina para apoyar a las comunidades del departamento.

También se ha discutido la situación de las personas que habitan dentro de zonas de reserva forestal, los líderes campesinos piden financiar dos estudios de sustracción en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, acceso a crédito y extensión agropecuaria por parte de las comunidades campesinas en esas zonas.

Sin embargo, el Gobierno insiste en delimitar las fronteras de los parques nacionales naturales y la necesidad de detener la frontera agrícola para impedir la afectación de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, durante 2020 la deforestación repuntó con respecto a 2019 y es Meta y Caquetá los que ostentan los registros más altos, con más de 73 mil hectáreas perdidas de acuerdo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.

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