Este sábado el analista político Ariel Ávila desde La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, donde se presume hay cuerpos inhumados de víctimas del conflicto armado, le pidió al expresidente Álvaro Uribe, así como a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al exalcalde de Medellín, Luis Pérez, que se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y digan la verdad sobre lo que pasó en la Operación Orión.
El analista, pide explicaciones sobre la incursión militar urbana más grande realizada en Colombia donde la población civil quedó en medio del fuego cruzado desde aire y tierra; produciendo desplazamiento, asesinatos y desapariciones forzadas.
Una operación militar que empezó en octubre del 2002 pero que se extendió a lo largo de noviembre y principios de diciembre y fue llevada a cabo por el Ejército, el DAS, la Policía, el CTI y Fuerzas Especiales Antiterroristas con tanquetas y apoyo de helicópteros artillados.
Lo preocupante, es que de acuerdo con las declaraciones de alias ‘Don Berna’, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a la Fuerza Pública en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Al respecto declaró: “El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”, cita del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Ávila aseguró que en La Escombrera podría estar una de las mayores fosas comunes que tiene Colombia donde estarían decenas de personas sobre toneladas y toneladas de escombros.
“En el 2022 exactamente se cumplen 20 años de la Operación Orión, la operación que marcó el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez después de que ordenó sacar supuestas milicias de las guerrillas. Una operación que fue hecha entre militares colombianos y paramilitares del Bloque Cacique Nutibara al mando de Don Berna”, sostuvo el analista.
También dijo que se trata de uno de los hechos más dolorosos y dramáticos del país y que el entonces alcalde de Medellín, Luís Pérez, junto a la ministra de Defensa de la época, Marta Lucía Ramírez, están en la impunidad.
“A ellos los invito a que acudan a la JEP y nos cuenten la verdad de por qué permitieron la planeación de una operación entre paramilitares y militares colombianos todos tenemos que decir la verdad”, dijo Ávila.
Cabe recordar que en agosto de 2020, la JEP anunció que exploraría los lotes de las zonas conocidas como La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13, tras un pormenorizado análisis del material entregado por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Análisis de la Información de la JEP.
A través de una medida cautelar dictada el 11 de agosto de 2020, los magistrados prohibieron cualquier tipo de intervención en estos dos lotes y ordenaron a la Alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para que no sean alterados, como lo han sido de manera severa y continua otras zonas aledañas a los perímetros delimitados donde se ordenó buscar víctimas de desaparición forzada.
El interés que hay sobre esta primera área delimitada se debe a la cercanía con un sector de la base paramilitar que operó en este terreno durante varios años. Es precisamente en ese tipo de zonas donde solían hacer inhumaciones de las personas desaparecidas, de acuerdo con los patrones observados en el marco de los procesos de Justicia y Paz donde declararon múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara.
En el presente caso, la gravedad de la situación radica en la incertidumbre que desde hace más de 19 años tienen los familiares de las víctimas de desaparición forzada de esta zona de Medellín.
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