Este 17 de septiembre, el abogado German Perfett anunció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que obligaría a los congresistas a devolver una de las primas por viajes y desplazamientos que recibieron durante la pandemia y que no han utilizado. Según el abogado, este sería un caso de corrupción.

Además, solicita que los congresistas que sesionen de manera virtual reciban un salario más bajo y no tengan derecho a los gastos y primas de traslado, con el fin de salvaguardar los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos colombianos.

De acuerdo con la demanda, no es justificable que se pague el salario completo a los congresistas que no sesionan en el Congreso.

Asimismo, insiste en que la crisis económica generada por el covid-19 no justifica que los congresistas reciban estos honorarios y reconocimientos, pero sí, los que realmente viajan hasta Bogotá.

La acción judicial también quiere que los congresista que trabajaron desde casa regresen los pagos que ya recibieron durante 2020, época donde casi ninguno estuvo en el Congreso de la República.

En la solicitud le pide al Congreso realizar un informe que indique los parlamentarios que recibieron estos pagos y nos asistieron presencialmente a las sesiones para “(…) realizar la devolución desde el año 2020 y siguientes tanto durante el periodo de haberse anunciado la emergencia sanitaria por covid, como fuera de ella, los gastos de representación, primas y el factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad y para ello otorgarles un plazo de dos meses”.

Desde el despacho del magistrado Oscar Armando Dimaté se le envió la notificación al Senado, la Cámara de Representantes, la Presidencia de la República, y a Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública para que den los conceptos frente a la acción popular.

Hace más de año, cuando el Gobierno decretó el confinamiento a nivel nacional, una de las grandes preguntas era saber qué iba a pasar con el Congreso. Una entidad que nunca había sesionado de forma remota y cuya normatividad no contemplaba la posibilidad de aprobar leyes por fuera del escenario presencial

Los primeros meses, y con el temor natural de las investigaciones que nunca faltan, la Mesa Directiva del Senado decidió realizar exclusivamente debates de control político. Una medida acertada para supervisar los Decretos Legislativos que expidió el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica. Tiempo después, se empezaron a discutir proyectos de ley vía digital, situación en la que seguimos hasta ahora.

Solo hasta el pasado 20 de julio el Congreso volvió a la normalidad de la sesiones legislativas, luego de la última instalación del Congreso antes de su renovación.

El regreso a la presencialidad viene con nuevas normas, pues el expresidente del Congreso, Arturo Char, firmó una resolución con la cual se prohíbe el ingreso de visitantes, medios de comunicación, miembros de las UTL y otros funcionarios.

“Solo está autorizado el ingreso del presidente de la República y altos dignatarios del Estado, según confirmación de asistencia que se realice ante la Secretaría del Senado y la Secretaría de la Cámara de Representantes. Los honorables senadores y representantes a la Cámara ingresarán caminando por la calle 8 con carrera 6”.

Tampoco se permite el ingreso de los escoltas de los parlamentarios, pues solo podrán llegar hasta un punto del control de seguridad.

“No está autorizado el ingreso de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, ni los esquemas de seguridad de la Policía Nacional a las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso quienes solo podrán acompañar a los congresistas hasta el filtro ubicado en la calle 8 con carrera 6”.

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