Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, aterriza en la JEP

Este viernes se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento que pidió el propio general (r) Mauricio Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente colombiano Álvaro Uribe entre 2002 y 2005, y le concedió el beneficio de la privación de la libertad en una unidad policial.

La JEP publicó la resolución donde asegura que Santoyo, valiéndose de su calidad de miembro activo de la Policía Nacional y director del Gaula Medellín, suministró información a las Autodefensas Unidas.

“Según lo expuesto, se advierte entonces que el señor Santoyo Velasco participó de manera activa en la alianza que existió entre las AUC y miembros de la fuerza pública, y, en el marco de esta, suministró información a este grupo armado ilegal recibiendo como contraprestación una suma de dinero”, manifestó en el documento el tribunal de paz.

La JEP le da a Santoyo 20 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta decisión, para que exprese de manera concreta, clara y programada, por escrito de qué forma pretende contribuir al esclarecimiento de la verdad, la satisfacción de los derechos de las víctimas y las garantías de no repetición.

Los delitos que afronta el exuniformado en la justicia ordinaria que ahora pasan a la JEP, son concierto para delinquir agravado, presunta coautoría en la desaparición forzada de varias personas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Cabe recordar que Santoyo fue condenado en 2012 a 13 años de cárcel en Estados Unidos y al pago de una multa de US$125.000 por mantener vínculos con paramilitares y colaborar con narcotraficantes. Pena que cumplió hasta el 2019 cuando regresó al país pero a su llegada al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, fue capturado por las autoridades colombianas.

El 10 de marzo de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP declaró la competencia exclusiva y prevalente en relación con el proceso que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra el general (r) por concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

El general (r) Santoyo hizo parte durante 30 años de la Policía, de donde se retiró en junio de 2009. La Fiscalía General de la Nación señala que, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, en su calidad de “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.

También la Fiscalía cita los testimonios rendidos por postulados de Justicia y Paz quienes aseguraron que “para la época de dichas desapariciones el hoy General Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”, y asociaron el nombre de Asfaddes de manera inmediata al nombre de Santoyo.

Según la Fiscalía, Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín fueron “producto de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”, que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica (UP).

El 26 de abril de 2019, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento al general (r) Santoyo como autor de los delitos anteriormente mencionados, medida que le fue notificada y ejecutada el 29 de abril de 2019 cuando el general (r) fue deportado de Estados Unidos, luego de ser procesado por apoyar a grupos paramilitares, delito que reconoció en ese país.

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