Enrique Vives se declaró inocente tras imputación del cargo de homicidio en la modalidad de dolo eventual

Tras una semana plagada de maniobras evasivas, excusas médicas y aplazamientos, la justicia colombiana finalmente pudo celebrar la audiencia de imputación de cargos en contra del empresario, Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete personas, quitándole la vida a seis, mientras se movilizaba por el sector de Gaira, Santa Marta, en la madrugada del pasado 13 de septiembre, y con grado dos de alicoramiento.

La diligencia se celebró desde la Fundación Santa Marta por el Niño, el centro médico en el que se internó desde la noche del pasado 15 de septiembre, para recibir atención psiquiátrica en contra de las ordenes de la juez encargada del caso, Olmis Cotes.

El encuentro inició hacia las 4 de la tarde con el procedimiento de rutina, dando pie a unas declaraciones iniciales por parte del empresario quien explicó sus razones para los retrasos que se han visto en el proceso hasta ahora:

A su turno, el fiscal encargado del caso procedió a imputar al acusado con el cargo de homicidio en la modalidad de dolo eventual, entendiendo que el empresario “elevó el riesgo de ese accidente debido a que el estado de embriaguez y la alta velocidad no le permitieron maniobrar y hubiera podido desviar el vehículo a la otra calzada teniendo en cuenta que es una doble calzada y los hubiera esquivado”.

Valga recordar que dicho delito acarrea penas de entre 208 meses y 450 meses, lo que se traduce en 17 años y tres meses, y 37 años y 5 meses, respectivamente, siendo este último periodo el solicitado por la Fiscalía ya que el choque protagonizado por Vives terminó en la muerte de seis personas. Por su parte, la juez recordó que “como hay menores de edad entre las víctimas, no hay lugar a rebaja de pena”.

A pesar de ello, de las pruebas y del video, el acusado consultó a su abogado y posteriormente señaló que “no acepto los cargos porque no corresponden a la realidad”, con lo que el proceso pasa a una etapa de solicitud de medida de aseguramiento mientras se adelanta el juicio en su contra.

En paralelo, dos de los cuatro abogados defensores de las víctimas procedieron a solicitar medidas cautelares sobre los bienes inmuebles de Vives, tanto para vender como para enajenar; y una suma en reparación de 350 millones de pesos. Esta última también la pidió el representante de Brian José Iñez, único sobreviviente del siniestro.

El cuarto representante repuntó en la solicitud de medidas cautelares con una de embargo, señalando que busca que esta última recaiga sobre tres bienes específicos que están a nombre del empresario, incluidos inmuebles y un vehículo de la marca Toyota.

Finalmente, la representante de la Procuraduría reiteró la prohibición de enajenar sus bienes durante los próximos seis meses, sin autorización de la juez Cotes. “En relación con el embargo considero que procede de conformidad con el artículo 92″. Además, recordó que a Vives no se le imputó el delito de lesiones personales del que fue víctima el joven sobreviviente Brian José Iñez, por lo que no estuvo de acuerdo con las solicitudes presentadas por su defensor.

SEGUIR LEYENDO: