La Fiscalía General de la Nación informó que, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares a bienes de la organización delincuencial ‘El Cogote’, la cual estaría implicada en el tráfico de explosivos y en la explotación y comercialización ilegal de oro.
“Acciones coordinadas con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y la policía judicial, evidenciaron que, con el producto de esos delitos, la red ilegal habría adquirido al menos 16 predios entre urbanos y rurales, 8 vehículos, un establecimiento de comercio y una sociedad”, informó la directora especializada de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía, Liliana Patricia Donado Sierra.
De acuerdo con la Fiscalía, dichos activos, los cuales fueron ubicados en los municipios de Segovia, Vegachí, La Ceja e Itagüí, en el departamento de Antioquia, serían propiedad de los presuntos cabecillas de El Cogote, Edwin Alexander Castañeda Vahos, alias Bombero, y Ángel de Dios Álvarez Castañeda, alias Rana, quienes se encargarían de administrar y comercializar de manera ilícita dinamita y otros explosivos.
Además de Castañeda y Álvarez, según la entidad judicial, los demás supuestos implicados en el grupo delincuencial serían: Ricardo Antonio Monsalve Arboleda, alias Patotas; Ramiro de Jesús Guerra, alias Ramiro; Omar de Jesús Restrepo Garzón, alias Omar Garra, y José Ismael García Zapata, alias El Viejo.
Por esos hechos, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de 26 bienes pertenecientes al grupo delincuencial, los cuales estaban avaluados en los $10.000 millones de pesos.
“De acuerdo con la investigación judicial, esta organización obtenía de manera ilegal más de 20 kilos de oro al mes, lo que les generaba altas rentas criminales, de las que también se beneficiaría el Clan del Golfo, con cerca de $3.000 millones de pesos mensuales correspondientes a exigencias económicas”, indicó el director de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, el Brigadier General Jesús Alejandro Barrera Peña.
La Fiscalía además señaló que, los elementos de prueba recopilados en contra de la estructura ilegal, también permitieron constatar el grave daño ambiental que causaron con la minería ilegal en los municipios de Segovia y Remedios, ubicados al nordeste antioqueño.
Con dichas pruebas, los bienes ocupados quedaron bajo disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que los presuntos implicados en esos delitos, fueron imputados por concierto para delinquir, comercialización ilegal de explosivos, daño ambiental, y explotación ilegal de yacimiento minero, además de recibir medidas de aseguramiento.
Aquí el video de los bienes de ‘El Cogote’ afectados con extinción de dominio
Fiscalía afecta patrimonio de narcotraficante condenado en Estados Unidos en los años 90
En otras noticias judiciales, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer el pasado15 de septiembre que, por medio de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, y con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Ejército Nacional, lograron identificar bienes que un narcotraficante condenado en Estados Unidos en la década de los 90, pretendía recuperar tras haber salido de prisión.
Se trata de dos predios ubicados en Candelaria, Valle del Cauca, los cuales pertenecían a Jaime Quintero Carvajal, quien fue capturado en 1991 en Nueva York y condenado, inicialmente a cadena perpetua por los delitos de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, su sentencia fue cambiada a 30 años de prisión, de los cuales cumplió 26 y logró salir en libertad.
“En 2017, esta persona regresó a Colombia y, supuestamente, inició varias gestiones para recuperar los activos ilícitos que en su momento le pertenecieron. En este caso, fueron identificados dos predios ubicados en Candelaria (Valle del Cauca), los cuales habría adquirido en los ochenta con dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes”, indicó la Fiscalía.
Los bienes que estaban avaluados en $10.000 millones de pesos, lograron ser puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), gracias a labores de la policía judicial, entidad que se encargará de la administración de los mismos.
SEGUIR LEYENDO