En 2011 se creó la Ley 1475 de 2011 por medio de la cual se favorecería normativamente a un grupo específico de personas que históricamente fueron relegadas en las diferentes instancias políticas. Fue entonces cuando se ordenó que en las listas al Congreso de la República, asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL), se obligara a tener una mínima del 30% de mujeres dentro de los participantes.
A pesar de que la Ley se empezó a aplicar en las elecciones del Congreso y en otros comicios y los partidos políticos cumplieron con incluir en sus listados una participación femenina activa, los resultados luego de las elecciones dejan ver que las mujeres de las listas no son elegidas por votación popular. Tan solo se logra tener el 20% de ellas en la bancada final.
Por esta razón, se propuso crear un proyecto de ley estatutaria que fue presentado por la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador y por medio del cual se modificaría la ley de participación femenina. La idea sería que el Estado financiara con más dinero aquellos partidos que cumplan con la paridad de género y que enfoquen sus listados a tener nombres de mujeres a la cabeza.
Ya que el Estado es el encargado de financiar los partidos y movimientos políticos con personería jurídica por medio del Fondo Nacional de Financiación Política y se les da el 40% de los recursos a quienes más curules hayan obtenido, adicional, el 5% del dinero de ese fondo se entregan a los partidos con mayor participación femenina.
El nuevo proyecto de ley busca modificar los numerales 3 y 6 de la Ley 1475 de 2011 en donde se establece ese porcentaje a los partidos. Entonces, se reduciría el 40% total que se entrega a los partidos políticos a un 35%, el 5% restante se le entregaría a los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas. Es decir que pasaría del 5% al 10%.
El objetivo de este proyecto es que entregando un porcentaje más alto de dinero, se pueda incentivar a los partidos y movimientos políticos a inscribir más mujeres a los cargos de elección popular y al mismo tiempo poder garantizar al partido los recursos suficientes para que puedan financiar su participación, los procesos que adelanten y las campañas electorales que necesiten.
Un ejemplo de esto es que en las elecciones anteriores, se distribuyeron $2.829.399.668 entre los partidos y movimientos políticos que obtuvieron la cuota de paridad de género necesaria para cumplir con la ley. De hacerse el cambio que propone la congresista, ese valor total se convertiría en $5.658.799.336 para ser distribuido entre los partidos que tengan más mujeres elegidas.
Un informe del Consejo Nacional Electoral comparó las cifras de participación femenina con los años, mientras en 1994 las mujeres incluidas en el Congreso fueron el 9,8% del total de senadores elegidos, en 1998 fueron el 12,2%, para 2002 hubo un 10,6% y en 2006 descendió nuevamente a 10,4%, en 2010 volvió a subir al 14,2%, la mayor cifra se presentó en 2014 en donde las mujeres congresistas representaron 20,9%, sin embargo, descendió en 2018 al 19,7%.
Esta iniciativa cuenta con la firma de respaldo de parlamentarios del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, Colombia Renaciente y la Coalición de la Decencia, entre otros.
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