Un nuevo homicidio de un líder social ocurrió en el departamento del Meta en el oriente colombiano, se trató de Marco Tulio Gutiérrez Mendoza, quien fue ultimado por hombres armados en la vereda Lusitana del municipio de Lejanías.
Según informaron el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Mendoza, de 62 años, se desempeñaba como secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Albania, en el mencionado municipio del Meta, y residía en la finca Las Palmas.
Las autoridades señalaron que desconocían las razones por las que habrían asesinado al líder social, de acuerdo a la información que obtuvo Indepaz.
Previo a este homicidio, el primero de septiembre se registro el homicidio del líder campesino y juvenil Juan Daniel Quintero Lizcano, que en el municipio de Inzá (Cauca) se vio implicado en una riña donde fue herido con arma blanca y cuya heridas le causaron la muerte.
Un día antes, pero de nuevo en el departamento del Meta, en el municipio de El Castillo, fue asesinada la líder social María Dorfenis López Cordón, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Caño Lindo y formaba parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta Sintragrim.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando López se movilizaba hacia las 7 de la noche junto con su esposo y además líder comunitario, Rigoberto Crabanzo Arévalo, por la zona aledaña al puente que cruza el río Yamanes en Caño Lindo. Allí fueron interceptados por un grupo de hombres armados quienes les dispararon provocando la muerte inmediata a la mujer e hiriendo a su compañero sentimental que en la actualidad ocupa la vicepresidencia de la Junta de Acción Comunal en la vereda de Caño Limón.
Según las cifras de Indepaz, con estos nuevos homicidios van 116 líderes sociales asesinados y 1.231 desde que se firmó el acuerdo de paz.
Presidente asegura que el 66% de crímenes contra líderes sociales han sido esclarecidos
El primer mandatario aseguró que el 79 por ciento de estos crímenes contra esta población son perpetrados por el Clan del Golfo, las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y grupos residuales del paramilitarismo como Los Pelusos y Los Caparros.
“Por eso, la lucha contra esas organizaciones tiene que mantenerse siempre, y no buscar premiarlos o quedarnos en el camino de la impunidad. Tienen que someterse a la Justicia, y tienen que someterse con la claridad de ser responsables de la afectación que le han producido a la nación”, aseveró el jefe de Estado durante su intervención en el evento.
A su vez, indicó que durante un consejo de seguridad desarrollado junto a la Fiscalía General de la Nación, la procuradora general, Margarita Cabello, y miembros de la fuerza pública registraron que existe un esclarecimiento del 66 % sobre los homicidios de líderes y defensoras de derechos humanos en el país.
Estos esclarecimientos corresponderían a las cifras manejadas por el ente investigador, que no coinciden con los registrados por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), organización que ha documentado 114 asesinatos contra esta población en lo corrido del año, y 1.229 desde la firma del Acuerdo de Paz.
“A esos líderes de la acción comunal que nos acompañan, a esos líderes indígenas que nos acompañan, estos líderes afrocolombianos que nos acompañan, les queremos decir que, a través del Plan de Acción Oportuna (PAO), operacional y social, vemos que donde hay áreas de intervención se están produciendo resultados”, señaló el mandatario.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las recurrentes denuncias de defensoras y líderes y lideresas que desde los territorios solicitan garantías de seguridad para desempañar sus labores fundamentales con las comunidades, que en su mayoría han sido víctimas de diferentes actores del conflicto armado.
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