Jueces penales rechazan declaraciones de Claudia López que los señaló de generar impunidad

Todos los jueces que ejercen funciones de control de garantías, es decir la legalización de captura de los delincuentes en la ciudad, rechazaron las declaraciones de la alcaldesa mayor Claudia López quien los vinculó con la inseguridad de Bogotá. Los togados le pidieron a la mandataria respetar la independencia judicial y no pedir que salten la ley.

En varias entrevistas, la mandataria aseguró que para mejorar la seguridad había que exigir a los jueces para legalizar las capturas de los delincuentes y no concederles libertad. “Nadie entiende que la Policía arriesgue su vida y que los jueces dejen a ocho de cada 10 libres”, afirmó la alcaldesa en diálogo con Blu Radio.

“Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia, no vamos a salir adelante como nación. La Policía arriesga su vida, este año han asesinado a tres policías cumpliendo su labor, capturando a los criminales, y los jueces dejan libre a ocho de cada 10 criminales que se capturan. De manera que yo sí le quiero hacer un llamado, yo solamente soy alcaldesa, los alcaldes no podemos dar ninguna instrucción a los jueces. Pero si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, afirmó la alcaldesa en Noticias Caracol.

A raíz de esas afirmaciones, los jueces penales de Bogotá aseguraron que no son ciertas las acusaciones contra su labor. Juan Carlos Arias López, presidente Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió un comunicado en el que afirma que la mandataria desconoce los principios constitucionales.

“Las afirmaciones de la Alcaldesa desconocen las bases constitucionales que exigen al Juez garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos de tal forma que, si el funcionario judicial reconoce y exige el respeto de los derechos fundamentales, de ninguna manera, puede tildársele de estar de parte de la “impunidad” y mucho menos de la policía o la institucionalidad. La razón de ser de los jueces en asuntos penales, es garantizar el debido proceso, así como los derechos de quienes de una u otra forma deben acudir a esos asuntos”, manifestó Arias López.

Afirmó que los jueces del país son fieles a los principios y mandatos constitucionales y basan su labor, entre otros, en los artículos 6, 29, 228 y 230 Constitucionales. Así mismo, con base en el artículo 113 constitucional, le solicitaron a la alcaldesa mantener la relación armónica entre los diversos poderes.

“La independencia y autonomía judicial no puede desconocerse con afirmaciones como las señaladas en la que, además, se invita a los jueces a apartarse de la ley y se les expone ante la opinión pública como factores que generan la inseguridad ciudadana”, señaló el presidente de la Sala Penal.

Los jueces integrantes del Comité del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá también manifestaron su preocupación por las afirmaciones de la alcaldesa y rechazaron que se les responsabilice de libertades infundadas de criminales.

Según los jueces del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, entre 2020 y 2021, el Consejo Superior de la Judicatura expuso que se ha respondido a las solicitudes de aprehensión y solo un 6% de las medidas de aseguramiento formuladas fueron negadas.

“Lo que implica que los jueces, casi siempre, corroboraron y reconocieron el cumplimiento de las cargas que corresponden a los fiscales. Cuando esas cargas no se cumplen el deber de los jueces es ordenar la libertad de los procesados, y ello no pone en peligro a la sociedad: garantiza la vigencia de la Constitución”, señalaron los togados penales de la capital.

Los jueces aclararon, además, que no son los únicos que deciden sobre todas las libertades ordenadas en el sistema penal acusatorio. Señalaron que “en la gran mayoría de los casos” son los fiscales quienes liberan a los capturados o no solicitan medidas de aseguramiento, debido a que “el Congreso le ha asignado a la Fiscalía General de la Nación la responsabilidad de no exigir detenciones improcedentes”.

Además, explicaron que existen casos en los que se presentan capturas ilegales porque no se realizan en flagrancia o porque ocurre violación de derechos de los detenidos. En esas situaciones, los jueces deben otorgar la libertad para evitar judicializaciones infundadas o viciadas.

“Reclamar que esas decisiones, que son porcentualmente ínfimas, no se adopten, equivale a exigir que no existan controles para la función pública que ejerce tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación, algo que solo ocurriría bajo un régimen autoritario. Colombia es un Estado Social de Derecho”, señalaron.

Finalmente, concluyeron que continuarán con el compromiso como jueces de control de garantías con la política criminal del Estado. “La Judicatura, como lo ha venido haciendo, seguirá ordenando las capturas y las medidas de aseguramiento que requiera la Fiscalía General de la Nación, siempre que estas sean viables constitucionalmente”, concluyeron.

La alcaldesa López también llamó la atención de las autoridades para que inviertan en la ampliación de los lugares de detención, para evitar excusas de libertad por hacinamiento carcelario. Así mismo, aseguró que tendrán reuniones con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía para que se emitan directrices y evitar la libertad de criminales capturados.

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