“Le hicieron conejo a las recomendaciones de la CIDH y de frente”: Diego Cancino habla sobre la necesidad de reformar la Policía

Hace unas semanas varios congresistas y concejales de Bogotá radicaron un proyecto de ley que busca reformar la Policía a través de un mandato ciudadano. Dicha iniciativa es apoyada por representantes del Polo, Partido Liberal, Colombia Humana y el Partido Verde, donde milita Diego Cancino, concejal de la capital del país y quien se refirió en Infobae Colombia a la necesidad de eliminar el fuero penal militar para los policías con el fin de reducir al máximo la impunidad en casos donde miembros de la institución cometen violaciones a los derechos humanos.

Anteriormente, el representante a la Cámara Inti Asprilla había radicado otro proyecto que tenía el mismo objetivo: hacer cambios en la institución.

Infobae Colombia: El julio pasado, el Gobierno nacional anunció que habrá una reforma a la Policía, que empezó con el cambio de los uniformes y un enfoque de derechos humanos. ¿Usted ha notado algún cambio dentro de la institución desde aquel pronunciamiento?

Diego Cancino: Después de ese anuncio del presiente, en el gobierno central yo no he visto ningún cambio, le soy muy sincero. Lo único que he visto es que el presidente se volvió a disfrazar de Policía, a él le encanta, es como un hobby que tiene, y cree que al hacerlo va a cambiar la actitud y el comportamiento de los uniformados. Por otro lado, da la casualidad de que cada vez que hay un abuso policial grave, él lo que hace es disfrazarse y apoyarla en vez de decir ‘oiga, cumplan con la ley y cuiden la vida.

Lo que sí debo reconocer es el acto del perdón del general Jorge Luis Vargas por lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre del 2020, pero no es suficiente; hay que hacer un acto de reparación, hay que promover la justicia y sobre todo, lo que hay que hacer es enviar un mensaje de que la doctrina de la policía debe cambiar y a mí me parece que es fundamental el envío de este mensaje por parte de los altos mandos.

¿Y considera usted que fue oportuno este mensaje, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron hace un año?

D.C: Se pudo haber hecho antes, pero mejor tarde que nunca. El ofrecimiento de perdón se debió hacer precisamente hace un año; pero me parece también que, así como yo soy crítico de muchas actitudes y comportamientos de policías que han violado derechos humanos, también reconozco este tipo de gestos. No son suficientes, para nada, pero es un primer paso.

Infobae Colombia: La alcaldesa Claudia López ha liderado actos de perdón a víctimas, pero también hace responsable a determinados sectores políticos y a la primera línea por los hechos de violencia ocurridos en la ciudad. ¿Cómo interpreta usted esto?

D.C: Ella también ha reconocido las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía; sin embargo, yo creo que hay dos cosas: la primera es que no se ha reconocido profundamente la gravedad de los hechos, sobre todo después del 28 de abril.

Yo creo que nos falta un diagnóstico juicioso, completo y cabal de lo que pasó en el paro nacional y por eso cuando la alcaldesa hizo su famoso informe ante la CIDH, el comité de derechos humanos del Concejo de Bogotá advirtió que hubo situaciones muy graves, y lo que yo envié como concejal y miembro de ese comité, fue que la gravedad de lo que pasó en el Portal Américas fue mayúscula en términos de detenciones arbitrarias, de prácticas de tortura que hay que investigar, casos de violencia sexual y persecuciones a vecinos del sector.

Por otro lado, las declaraciones de la alcaldesa sobre la Colombia Humana y Petro me parecen que también son de una gravedad mayúscula en toda democracia y más aún, cuando nosotros firmamos los Acuerdos de La Habana. No olvidemos que el punto dos, de participación política, menciona el tema de la estigmatización, y desafortunadamente nuestra democracia está debilitada porque hemos estigmatizado a quien piensa diferente y eso ha ocurrido con líderes políticos y manifestantes desde el mes de mayo. Eso lo que hace es poner en peligro a gran cantidad de gente.

Infobae Colombia: Siguiendo en esa línea, usted estuvo en una de las mesas de diálogo que se realizaron en el Portal Américas durante el paro nacional; allí, varios vecinos y manifestantes pidieron el retiro del Esmad de esa zona. ¿Esto se ha cumplido? ¿Usted ha estado al tanto de esta situación?

D.C: Ese día que usted menciona, resume una gran cantidad de cosas: lo primero es que después de eso, hubo un día sin Esmad y ese mismo día lamentablemente hubo un caso de violencia sexual contra una ciudadana en esta zona y muchos atribuyeron a que fue porque no había Esmad, y la verdad es que con o sin ellos, estos casos ocurren, pero a mí sí me pareció importante que ese día no hubo efectivos antimotines en el sector, porque lo que estaban haciendo era producir un factor de riesgo y no de protección. Pero de resto hubo, sistemáticamente, miembros del Esmad y llevaron la tanqueta con el Venom.

Ahora, esa mesa de diálogos fue muy diciente porque los testimonios de la gente fueron muy sensatos. Hablaron vecinos, mujeres de primera kínea, muchachos indignados con exigencias y denuncias muy concretas. Durante la intervención del subsecretario de gobierno, casualmente se va la luz precisamente en esa carpa y después de eso, llegan varios muchachos que no estaban en la audiencia y lanzan tres papas bomba, ahí tuvo que actuar el escuadrón antimotines y hay que decir también que los mismos muchachos de la primera línea que estaban en la mesa hicieron un corredor humanitario para que la delegación del Gobierno Distrital ingresara al portal y a pesar de eso, esa misma gente salió a decir que esos mismos muchachos sabotearon la mesa. Después de eso no ha habido ninguna respuesta del Estado porque lo que dicen es que con la gente del portal no se puede negociar, y perdóneme, pero es que acá hay unas garantías que cumplir; es decir, hay mucha gente en situación de extrema pobreza, con problemas de salud mental luego de soportar gases lacrimógenos y aturdidoras durante un mes.

Infobae Colombia: En el mandato ciudadano de la reforma policial se habla del desmonte del Esmad, ¿ve esto realmente conveniente para el país y las ciudades que son epicentro de manifestaciones, sabiendo que hay situaciones que han requerido el uso de este equipo, según el debido proceso?

D.C: El proyecto de ley es clarísimo: cuando nosotros decimos que se desmonte el Esmad no es en relación a que se elimine la policía antimotines, y a mi modo de ver hay dos cosas que son totalmente contradictorias: el Esmad y la policía antimotines. Que el primero sea la representación del segundo es un contrasentido lógico porque el Esmad nació por un decreto transitorio por un decreto de (Andrés) Pastrana para acabar una protesta. Dicho decreto quedó así desde hace más de 20 años y con esa premisa: salir a la calle a acabar las manifestaciones, es por eso que los jóvenes son sus enemigos.

Una fuerza antimotines es todo lo contrario, no salen a recriminar la protesta sino a garantizarla porque constitucionalmente es así y el Derecho Internacional Humanitario también lo dice. La protesta es un derecho y ellos tienen que garantizarlo; cuando ocurren expresiones violentas se tienen que controlar de manera proporcional y legal, respetando los derechos humanos y de acuerdo con el debido proceso.

Ahora, que haya una expresión violenta no quiere decir que hay que matar o que se deben mandar tanquetas endemoniadas como las Venom. Es por eso que el Esmad y su esencia no pueden seguir; hay que repensar la policía antimotines en este país de manera participativa, con involucramiento de las organizaciones sociales, víctimas, ciudadanía, la misma policía, la presidencia y los gobiernos locales. Me dicen que eso es imposible, pero yo les pongo ejemplos como Barcelona, París, Tokio o Londres, allá hay un cuerpo antimotines decente y esa es la propuesta.

Infobae Colombia: Esta reforma se propone a menos de un año de elecciones legislativas y presidenciales. ¿No teme que el proyecto pueda quedar en el olvido? ¿Por qué no lanzar esta iniciativa después de esa jornada electoral?

D.C: Bueno, aquí hay varias cosas: la primera es que el proyecto tiene mucha potencia; es decir, nosotros valoramos el proceso mismo porque representa a la Policía que nosotros queremos, una democrática, participativa, que escucha a la gente y cercana a la ciudadanía, así fue como nació este proyecto, en la calle y con más de 50 organizaciones sociales y de derechos humanos. Por eso también decimos también que es como una especie de ‘Wikiley’, porque así como Wikipedia es una enciclopedia construida con varias manos, esta es una ley hecha con muchas manos.

La gran apuesta es que se apruebe, sí, pero también es que este sea un performance pedagógico porque a su vez puede generar grandes reflexiones en la gente y ahí se abre el debate público y se pone en la agenda mediática este tema, eso es valiosísimo.

Por otro lado, se pueden crear unas reflexiones muy profundas en este país: vienen unas presidenciales y de Congreso, lo cual me parece perfecto porque eso se puede discutir en un debate presidencial y poner a opinar a cada candidato sobre el tema. Pero una cosa sí es segura y es que la discusión se va a armar porque no nos podemos olvidar de que tenemos que profundizar la democracia deliberativa y en el debate de la Policía eso sí que vale la pena. Nosotros necesitamos argumentar y reconocer las emociones que tiene la gente frente a la institución y sin fomentar el odio admitiendo que se debe construir confianza. Si pasa, hacemos ‘home run’, pero si no, bien también; esperemos a ver qué pasa.

Infobae Colombia: Hay voces de la bancada de gobierno que afirman que, con la eliminación del fuero penal militar a la Policía, se podría cambiar la política de seguridad nacional que se ha manejado en este gobierno. ¿Está de acuerdo con esto?

D.C: Lo que yo considero es que, quien defiende el fuero penal militar para casos de violaciones de derechos humanos por parte de los policías, está en una situación crítica, porque eso es indefendible.

Cuando un profesor está dando mal la clase, el rector le dice que no está enseñando bien y aplica los correctivos y el caso se va al consejo directivo; pero cuando ese profesor mata a un muchacho o viola a una menor, yo nunca he visto que en la misma institución se juzgue eso; eso se va a la justicia ordinaria. ¿Entonces, por qué cuando ocurre el mismo tipo de situaciones con militares y policías, son ellos mismos los que juzgan? A mí me parece rarísimo eso. ¿En qué país puede caber eso? Es precisamente eso lo que queremos cambiar y encima nos dicen ‘exagerados’.

Y no, no va a alterar nada; de hecho, lo que altera la seguridad nacional es que los casos de violencia perpetrados por policías y militares los juzguen ellos mismos porque de esta manera tienen garantizada la impunidad.

Infobae Colombia: Finalmente, y hablando de impunidad, de acuerdo con oenegés como Temblores, ocurrieron 90 casos de lesiones oculares a manifestantes y con responsabilidad de la fuerza púbica. ¿Qué riesgo hay que de haya impunidad, teniendo en cuenta que muchos de los uniformados que accionaron sus armas en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 no han sido destituidos?

D.C: Bueno, nosotros no sabemos con certeza cuántas lesiones oculares ocurrieron; muchas dicen porque ‘iba pasando un pajarito, este defecó en ese ojo y el ojo se perdió’, hay excusas de ese tipo, pero a lo que voy es a que hay motivos que no adjudican la pérdida ocular por un ataque del Esmad, eso es gravísimo; de manera que el diagnóstico debe ser riguroso y no sesgado. Lo segundo, es que pareciera que esos ataques fueron sistemáticos y así lo sugirió la CIDH, y tercero, es que la justicia no opera en muchos de estos casos, eso es gravísimo. Le hicieron conejo a las recomendaciones de la CIDH y lo hicieron de frente.

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