Este lunes se registró un fuerte cruce de trinos entre Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el senador Gustavo Bolívar, quien denunció que en su visita a Barranquilla este fin de semana estuvo sin escoltas.
“Estuve el fin de semana en Barranquilla y pueblos del Atlántico sin escoltas. La UNP no accedió a mi petición de protegerme en este viaje a pesar de ser una de las personas más amenazadas de este país”, escribió Bolívar.
El senador radicó la solicitud antes de viajar a la capital del Atlántico donde Gustavo Petro realizó un evento público para el lanzamiento oficial del Pacto Histórico. Por tal motivo, pidió al menos dos escoltas que lo acompañaran entre el 9 y 12 de septiembre.
La respuesta le fue negada por correo. “Nos permitimos informar que no es posible acceder a su solicitud, toda vez que no contamos con disponibilidad de talento humano y medios logísticos para la fecha solicitada”, le respondió Ángela Hernández, coordinadora del Grupo de Protección de la UNP.
Para Bolívar, el escenario de amenazas en su contra se ha recrudecido por el año preelectoral y en una carta enviada al director de la entidad, Alfonso Campo, le expuso: “dejo constancia ante su despacho de que a pesar de ser un Congresista de la oposición con alto riesgo reportado y probado no he recibido solución alguna, por lo que resulta de su entera responsabilidad cualquier cosa que me ocurra en desarrollo de mi actividad en los lugares a los que he de desplazarme”.
Ante esta denuncia, Campo desmintió al senador y aseguró que sí están protegiendo su vida. “Apreciado senador Gustavo Bolívar, es importante aclarar a la opinión pública que usted posee un esquema de protección robusto por parte de la UNP, con el compromiso de cuidarlo y acompañarlo por todo el país. La resolución 2390 del 6 de abril de 2018 respalda la implementación”, explicó.
Así mismo, el funcionario le preguntó al congresista por qué no llevó a su actual esquema hasta la ciudad de Barranquilla, donde anunció funciones relacionadas con su condición de congresista.
“Honrando la democracia y a la institucionalidad que guarda principios de observancia y control político desde el Congreso de la República, que usted integra, aclaramos que sí estamos garantizando la protección de su vida”, expuso Campo.
También le pidió recordar que por un convenio interadministrativo, de la mano de la protección que brinda la Policía, en su calidad de senador, “nos aseguramos de darle una protección integral”.
Para el año anterior, de acuerdo con la Resolución 0001 de 2020, el presupuesto total de la UNP fue de más de 939.365 millones pesos. Para alquileres, que en muchas ocasiones es la modalidad en la que se dispone de vehículos blindados, dinero del que fue destinado más de 226.786 millones de pesos; es decir, cerca del 25 % del total de los recursos.
En febrero de este año, los congresistas, una de las poblaciones objeto de esquemas de seguridad por considerarse en riesgo, acceden a automóviles blindados y pidieron a la División de Servicios de la Cámara de Representantes que se les renovara las camionetas por unas modelo 2020 o más recientes.
En plena crisis económica por la pandemia del COVID-19 se hizo la petición y el mismo día, Juan José Gómez Vélez, jefe de la división que las solicitó, recibió la negativa de la UNP. De acuerdo con la misiva, se llevó a cabo una reunión en la sala de juntas de la Secretaría General en la que se determinó que no había disponibilidad de vehículos Toyota Prado TX y TXL modelo 2020 en adelante.
“Respetuosamente me dirijo a usted con el propósito de informarle que, de acuerdo con la información suministrada por los operadores privados de seguridad con los que la UNP contrata el arrendamiento de este tipo de vehículos, a la fecha y hasta julio de 2021 no habrá disponibilidad para la implementación de estos (...)”, dijo la entidad.
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