La Superintendencia de Sociedades notificó, en las últimas horas, que se iniciaba el proceso de intervención, bajo medida de posesión, sobre la sociedad Real Business. La entidad, previamente, ya había ordenado el cese de las actividades de captación o recaudo no autorizado de dineros del público. La decisión también recae sobre María Camila Morales Gaviria y Andryun Ríos Góe, quienes, dice la SuperFinanciera, son la “personas naturales responsables de la operación”.
Según la entidad supervisora, más de 4.000 personas resultaron afectadas luego de poner sus recursos en esta firma que se autodefine como un banco de inversión. Las autoridades señalaron, en su momento, y tras su investigación, que, a corte del 31 de mayo del 2021, se habían captado $9.877 millones.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, que pueden ser identificados cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Es importante que antes de hacer cualquier inversión verifiquen si las actividades están autorizadas”, manifestó Andrés Barreto, superintendente de Sociedades encargado.
Lo que busca la Superintendencia de Sociedades con este operativo es suspender de manera inmediata las operaciones o negocios, y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados. Para ello, fue designado como interventor Andrés Felipe Zuluaga Sierra.
Real Business S.A.S, según la entidad que los acusa de tener comportamientos ilegales, “captó, de forma masiva y no autorizada, recursos de terceros en cuantía que supera ampliamente el 50% de su patrimonio líquido, mediante ofertas públicas a personas innominadas, sin que se contemple como contraprestación la entrega de un producto o un servicio, hechos que configuran los supuestos de captación masiva no autorizada de dineros del público”.
Con la actualización que hizo la misma entidad, que ahora pone contra las cuerdas a Real Business, se descubrió que fueron al menos 4.743 personas las personas que invirtieron en esa compañía, es decir, se logró establecer, con esa información, que se estarían hablando de una cifra superior a los $11.903 millones. La compañía habría recibido supuestas inversiones que oscilaban entre los $100.000 y los $50 millones.
Según el archivo en el que recaen las evidencias del caso, lo que se le prometía a los inversionistas era un retorno, aparentemente, estable y positivo, por ejemplo, rentabilidades fijas entre el 3 % y 9 %, en 12 meses. Estas premisas, sin embargo, dice la SuperFinanciera, no tenían, ni tienen, una explicación financiera lógica o razonable. Se descubrió que cuando la inversión era superior a 10 millones de pesos, se hacía un “contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial”.
“El esquema funcionaba activamente a través de redes sociales como Instagram, correo electrónico y voz a voz, con la fachada de apoyar emprendimientos, con énfasis en el empoderamiento de mujeres y la promesa de invertir los recursos captados en operaciones de trading e inversiones en activos financieros o en Criptoactivos”, señaló SuperSociedades.
La entidad recordó que la administración de Fondos de Inversión se constituye en Colombia como una actividad propia y perteneciente al mercado de valores, es decir, que sólo podrá ser desarrollada por entidades constituidas en territorio nacional pues, a su vez, estas están obligadas a actuar bajo la supervisión del Estado.
En noviembre del 2020, por ejemplo, en un caso similar, fueron condenados a 19 años, dos meses y 11 días de prisión dos personas por ser los responsables de una millonaria estafa realizada a través de una pirámide que se promovía en exclusivos sectores de Bogotá.
Dilia Margarita Báez Angarita y a Jairo Enrique Sánchez Díaz, como fueron identificados los detenidos, se presentaban como supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group, para captar ‘inversores’. La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero.
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