Así murieron tres de los exmilitares acusados de asesinar al presidente de Haití

A las revelaciones sobre el operativo en el que un grupo de exmilitares colombianos asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, se le sumó, este 10 de septiembre, la historia detrás de la muerte de tres de los involucrados, así como los testimonios de la tortura y la negligencia que están experimentando aquellos que fueron capturados por el magnicidio.

Los pormenores de su fallecimiento y los de dos mercenarios más fueron expuestos por los 18 colombianos que continúan en Haití a la espera del proceso judicial que definirá su futuro, por medio de una carta de 11 páginas.

Según reza la misiva, revelada inicialmente por el periódico colombiano El Tiempo, “fue herido levemente el señor Duberney Capador Giraldo con esquirla de granada alojada en su cadera, quien quedó en el lugar de los hechos con vida y con la asistencia que le prestó un enfermero; posteriormente fue torturado y asesinado con tiro de gracia por miembro de la Policía Nacional de Haití”. Para este caso, piden una necropsia exhaustiva que confirme el testimonio.

A este relato le siguió el que se levanta alrededor del fallecimiento de Javier Mauricio Romero, quien según los capturados, fue asesinado con una granada de mano mientras manifestaba sus intenciones de rendirse. “Se encontraba sin armamento y en estado de indefensión”, señala la carta.

Finalmente, detallan el fallecimiento accidental de Miguel Garzón: “Al intentar huir para salvar su vida, ante la negativa de la policía haitiana de aceptar nuestra rendición, muere el señor Miguel Garzón, quien se dispara accidentalmente al intentar saltar una pared para preservar su vida”.

Adicionalmente, advirtieron que en la actualidad se encuentran a merced de un investigador de la oficina de homicidios de la policía judicial haitiana que ha demostrado ser “un ‘profesional’ en torturar seres humanos”, que los tiene sometidos a todo tipo de vejámenes.

Para demostrarlo, los capturados aportan relatos personales como el de Edwin Enrique Blanquicet, que según el diario colombiano asegura haber sido arrojado a un grupo de civiles que le propiciaron 16 machetazos en cabeza y brazos, incluyendo uno que dañó permanentemente un tendón de su mano derecha; o el de Gersein Mendivelso Jaimes, que fue puesto en posición de sentadilla y pateado en los testículos en múltiples ocasiones, lo que lo llevó a orinar sangre.

En el texto, los exmilitares convertidos en mercenarios recuerdan que al momento de la redacción del mismo, fechado el 6 de septiembre de 2021, continuaban sin tener una captura legalizada, sin un abogado que los defienda y en unas condiciones preocupantes: el lugar de reclusión está “infestado de ratas, moscas y cucarachas [...] Soportamos olores nauseabundos que paulatinamente están causando enfermedades respiratorias”.

Lo que es más, aseguran que no cuentan con agua potable, ni con un servicio sanitario decente, por lo que se encuentran rodeados de excrementos humanos. Adicionalmente, sólo reciben un alimento al día, por lo que hay algunos que han llegado a perder hasta 20 kilos de peso.

“Hacemos a los destinatarios de este documento, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a nuestras familias, a la comunidad internacional, medios de comunicación, un grito desesperado de auxilio humanitario, solicitamos respetuosamente una comisión de verificación a estas graves denuncias. Solicitamos una verificación y acompañamiento al proceso que se adelanta en nuestra contra, ya que hasta el momento se nos han violado todas las garantías y derechos procesales y se ha empleado la tortura como forma de obtener declaraciones”, señalaron los 18 colombianos,

A dicha carta le siguió un derecho de petición elaborado por el abogado Juan Pablo Quintero y dirigido al presidente de Colombia Iván Duque, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el embajador de la OEA en Haití, Cristóbal Dupouy, y el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Lorenzo Caraffi, entre otros.

Con este, solicita la intervención de todos los mencionados para lograr la protección de los derechos humanos y garantías procesales de los capturados, teniendo en cuenta que, “desde el día de su detención se han venido presentando violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales y garantías procesales”.

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