Personería de Bogotá anunció investigación contra Canal Capital

En la mañana de este viernes 10 de septiembre, la Personería de Bogotá anunció una investigación preliminar contra el Canal Capital, esto por el aparente redireccionamiento estratégico que habría realizado el canal sin soporte técnico.

Según el Ministerio Público, se encontraron presuntas anomalías en materia administrativa y de contratación en el manejo de los contratos y la utilización de la infraestructura instalada en el Canal Capital. Estas irregularidades fueron advertidas por la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública.

En un informe presentado por esta última, se conoció que las directivas del Canal Capital realizaron un redireccionamiento estratégico del accionar de la entidad, sin un documento técnico que diera un verdadero soporte. Con estas decisiones, según la Personería, se derivaron situaciones que afectan los recursos públicos del Distrito y que podrían causar un detrimento patrimonial, como la no suscripción de 117 contratos en los años 2019 y 2020, y que no se aprovechara totalmente la infraestructura de equipos que tiene la entidad.

“Según lo argumentó Canal Capital a partir de 2020, su visión y misión fue dejar de ser un centro dedicado a la preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales para pasar a convertirse en una empresa abierta a contratar los productos terminados que genere el sector privado. Encontramos que este viraje no se dio de manera gradual y esto nos genera una preocupación como guardianes de los recursos públicos”, indicó Sandra García, Personera delegada para la coordinación de Prevención y Control a la Función Pública.

En específico, lo que la Personería determinó es que el canal está pagando cerca de $1.800 millones en indemnizaciones por demandas de personas que llevaban varios años vinculados por contratos de prestación de servicios, con prórrogas o renovaciones sucesivas. De hecho, se encontraron con que algunos de los contratistas demandaron a la empresa por la configuración de un contrato laboral, denominado jurídicamente contrato realidad.

En el informe señalan que Canal Capital no contempló el uso de la infraestructura con la que ya contaban, pero sí invirtió importantes recursos durante los últimos años en llevar a cabo una modernización tecnológica, destinada a producir contenidos, los cuales ahora pasarán a ser equipos y elementos sin utilizar.

“Dentro de la función preventiva nos preocupa esta situación y el viraje que dio el Canal Capital. Detectamos que se decidió no renovar muchos de los contratos de prestación de servicios, sin tener en cuenta el conocimiento y experiencia de estas personas. Tampoco se les dio una solución que brindara bienestar a los trabajadores y, sobre todo, que se evitara un detrimento patrimonial al Distrito por nuevas demandas laborales. Además, tiene previsto para el presente año reducir aún más este tipo contratación”, señaló la entidad.

Además, la Personería agregó que también hallaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, al suscribir contratos bajo la modalidad de contratación directa por cuantías inferiores a 500 salarios mínimos. Luego, a estos se adicionaban superando esos montos y omitiendo el proceso de convocatoria pública.

“La revisión de la justificación de las adiciones determinó que estas carecen de sustento para ser consideradas válidas y para este Ministerio Público, es indispensable tener claridad sobre este asunto específicamente”, señaló la personera García.

Y agregó que en la modalidad de contratación de prestación de servicios no cuenta con una tabla de honorarios que permita asignar de manera transparente las remuneraciones para los contratistas, de acuerdo con sus estudios, experiencia general y específica.

Finalmente, se observó en los anexos técnicos de los contratos, denominados tercerizados (del nuevo modelo), que pese a tener similar objeto contractual, en algunos se permite al contratista hacer uso del recurso tecnológico y acceso a las instalaciones del máster de producción del canal sin costo adicional, lo cual vulnera los principios de igualdad, imparcialidad y equidad en la contratación pública.

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