Parapolítica: el proceso contra Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, cambiará de ponente

Ariel Torres, magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, presentó un impedimento en el que señala su imposibilidad de continuar siendo el ponente en el proceso por parapolítica que se desarrolla en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien también fue presidente del Senado entre 2002 y 2003.

Así lo dio a conocer Canal 1, según el cual, “si la Sala Penal de la Corte Suprema le acepta el impedimento, el proceso contra Ramos tendría que cambiar de ponente en un momento crucial pues el expediente en su contra prescribirá el 7 de mayo de 2022″.

Cabe recordar que, el magistrado Torres fue apartado en del caso ya que un fallo de tutela puso en tela de juicio la posible filtración de la ponencia que había elaborado. Aún así, en junio de este año, el jurista fue reintegrado al caso por orden la Corte Constitucional.

Otro meollo en el que está metido Ramos es el de Hidroituango. En relación a este, el pasado 6 de septiembre la Contraloría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia de responsabilidad fiscal por $4,3 billones dentro de su investigación por el caso de Hidroituango. De acuerdo con el fallo de la entidad, unas 26 personas serían responsables fiscales

En un documento de 2.511 páginas, la Contraloría explicó que dentro del proyecto hubo varios hechos “que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018”.

El documento señala como responsables de ese detrimento fiscal a los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2015), a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015) y al exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).

“Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, se lee en el fallo.

Asimismo, están involucrados los exmiembros de junta directiva: Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina, al igual que los exgerentes del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).

En cuanto a las empresas señaladas están: Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., Construcciones Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A., Sainc Ingenieros Constructores S.A. Integrantes del Consorcio Ingetec (SEDIC), Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A (INGETEC) y SEDIC S.A.

Por su parte, tras conocer el fallo Conconcreto respondió: “Nos permitimos informar que conocimos el fallo de responsabilidad fiscal, proferido por la Contraloría General de la República, en contra de 26 de los 28 investigados, que incluye a los integrantes del Consorcio CCC Ituango, así como los demás contratistas del proyecto. El monto de la sentencia es por 4.3 billones de pesos a cargo de los 26 imputados, saldo que no ha tenido en cuenta los pagos presentes y futuros de las compañías de seguros”.

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