Este jueves el Alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, envió un mensaje a los miembros del partido Comunes pidiéndoles que no “demoren” el cronograma para llevar viviendas a los excombatientes dado que algunos no las han aceptado, según explicó.
En diálogo con Red + Noticias, Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional para la Reincorporación (ANR) explicó que las 109 viviendas que tomarían solo siete meses en entregarse, podrían retrasarse a un total de dos años dado que directivos del partido de los exguerrilleros de las Farc pidieron que se cambiaran los materiales y estructuras de las casas, las cuales, asegura Stapper, ya habían sido conciliadas con las comunidades.
“En la decisión que adoptaron mantienen el proyecto y cambian las tipologías de vivienda. “Ya se habían concertado materiales mucho más ligeros, amigables con el medio ambiente que fueron aprobados con las mismas comunidades. Ahora ya nos vamos con materiales más robustos a zonas apartadas, eso quiere decir más demoras y cambio en los tamaños de las casas”, describió el director de la ANR, agregando que por eso excombatientes están rechazando las casas.
Stapper agregó: “las acciones adelantadas por el Gobierno nacional en materia de consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) han sido contundentes, nuestro compromiso continuar con la construcción de viviendas para quienes avanzan en el proceso de reincorporación” y rechazó la postura de los directivos de Comunes “con relación al inicio del proyecto de civienda en la vereda Llano Grande, en Dabeiba (Antioquia).
Ante esto, el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) le respondió tanto a Stapper como a Archila explicando su perspectiva en los cambios. “Ni los firmantes de paz han rechazado la vivienda en los ETCR, ni el Componente Comunes está obstaculizando el proceso. Lo que se exige es que no se impongan prototipos de vivienda y se garantice el acceso para todos los firmantes estén o no en los ETCR”.
Luego dijeron que la oferta del Gobierno considera 2.800 firmantes que están en las ETCR, “dejando a 12.773 sujetos a programas convencionales de vivienda con graves barreras de acceso”. Explican que solo lo están dirigiendo a algunos firmantes del acuerdo y no a todos, por lo que “hace urgente el diseño de un Programa Especial de Vivienda que asegure el acceso a todos las y los firmantes en campos y ciudades”.
También señalaron que en algunos ETCR no se ha vinculado de ninguna manera a los firmantes ni al componente de Comunes. “Los colectivos están solicitando diseños participativos para definir los materiales, las áreas y la distribución de la vivienda y el asentamiento. Se debe reconocer la agencia y capacidades de los firmantes en estos procesos”.
Por último, compartieron unos videos de las casas que el Gobierno nacional pretende entregar y afirman que no se ajustan a las necesidades y características culturales de los excombatientes, como los de Dabeiba, lugar mencionado por el director Stapper como uno de los puntos que no se han podido entregar.
Esos videos muestran las casas con agua debido a las lluvias, lo que evidenciaría un problema para habitar los predios.
“Hacemos un llamado a construir desde el diálogo y reconocimiento mutuo, y a trascender el enfoque de la Paz con Legalidad para pasar de informar cifras a materializar el acceso a derechos”. Y concluyeron en un llamado a la Misión de Verificación de la ONU y a los órganos de control para que revisen la situación.
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