Empresarios y políticos dicen que el Acuerdo de Escazú no es necesario

Desde este jueves el Gobierno de Iván Duque está adelantando jornadas de socialización, iniciando en el departamento del Guaviare, para dar a conocer y debatir con las comunidades el Acuerdo de Escazú que será posteriormente presentado en el Congreso de la República, iniciativa que, aunque el mismo Duque ha mostrado interés en aprobar, se hundió en el Congreso en el periodo pasado.

En la primera socialización de cinco, algunos empresarios señalaron que el acuerdo no era necesario. Escazú básicamente es un tratado internacional sobre el medio ambiente y la protección de derechos humanos de ambientalistas en Latinoamérica y el Caribe que países como Argentina, México, Uruguay, Bolivia, Panamá y Ecuador ya ratificaron.

En su intervención, Francisco Lloreda, presidente del Consejo Gremial Nacional, dijo que no era necesario el acuerdo en Colombia porque leyes para proteger a los líderes ambientales ya existen.

“Queremos aclarar que, como empresarios no cuestionamos la defensa y la promoción de los derechos humanos. Eso no tiene discusión. Lo que sí vemos en este Acuerdo de Escazú es que los puntos que allí se refieren, están contemplados ya en las leyes colombianas como acceso a la información, participación ciudadana, justicia ambiental y protección de defensores del medio ambiente y derechos humanos”, expresó.

Luego dijo que no era necesario unirse al tratado porque podría “obstaculizar proyectos de desarrollo y hasta perderse la soberanía”, esto último de hecho es uno de los argumentos de algunos congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, quien afirma que el acuerdo permitiría una especie de intromisión internacional en el país.

En una columna de la congresista en 2020 dice que aprobar el acuerdo Colombia pasaría a jurisdicción de instancias internacionales que “decidirán sobre la gestión de nuestro territorio”. Cabal asegura que si una persona obtiene permisos y avales incluso comunitarios para emprender algún proyecto o actividad económica, las instancias internacionales pueden frenarlo evocando el “principio precautorio”, sin embargo, la senadora no aportó pruebas.

Por su parte, en la intervención de estos espacios de discusión propuestos por el Ministerio de Ambientes, el profesor Luis Felipe Guzmán de la Universidad Externado Colombia y uno de los principales conocedores de Escazú contrarió el argumento del empresario:

Además dijo que si bien sí hay leyes parecidas, la ratificación del Acuerdo implicaría un compromiso mayor para cumplirlas.

Por otro lado, las organizaciones académicas y ambientales que conforman la ‘Alianza por el Acuerdo de Escazú’ anunciaron este jueves que no participarán en los espacios de socialización convocados por el Gobierno nacional, previos para la ratificación del acuerdo.

“Si bien reconocemos la intención del Gobierno de promocionar e impulsar el Acuerdo a través procesos de socialización, creemos que este propósito no debería ser un condicionante para la radicación del texto en el Congreso, sino que debería acompañar el trámite legislativo del Acuerdo y con ello impulsar integralmente la aprobación y futura implementación”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

En ese sentido, indicaron que la alianza ha sido enfática en señalar que los proceso de educación ambiental y socialización sobre la normatividad ambiental son fundamentales y necesarios, sin embargo, estos pueden llevarse a cabo de manera paralela con la radicación del proyecto de ley que ratifica el acuerdo, debido que estos no son excluyentes sino complementarios.

Por ahora se espera que el acuerdo vuelva a discusión del Congreso a partir de octubre cuando, tras culminar los espacios de socialización en regiones, sea presentado de nuevo en el Capitolio para su ratificación.

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