En las últimas horas se conoció una nueva carta de los hermanos Rodríguez Orejuela, fundadores del Cartel de Cali, en la que señalaron que, efectivamente, este grupo tuvo influencias financieras dentro de la campaña presidencial de Ernesto Samper, pero también señalaron que dieron dinero a la del también expresidente Andrés Pastrana.
Ante esta nueva carta, que agrega información a la presentada por Pastrana ante la Comisión de la Verdad, en la que solo se referían al dinero presentado en la campaña de Samper, el expresidente publicó un comunicado a la opinión publica en el que se refiere a las nuevas aseguraciones de los narcotraficantes, que ahora también lo vinculan con dineros del ilícito.
Con la frase “hay que tener valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad”, Pastrana enumeró ocho puntos con respecto a las nuevas revelaciones. Primero apuntó que “a través de los medios de comunicación he conocido una carta, sin firmas, que supuestamente me dirigen los reos narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela”.
En el primer punto señaló que este nuevo documento “no desmiente en ninguno de sus apartes, la carta firmada por los Rodríguez Orejuela sobre la financiación del Cartel de Cali y otros narcotraficantes a la Campaña de Ernesto Samper en 1994. Por el contrario, ratifica una vez más, que el narcotráfico compró la presidencia en ese entonces”.
Además, especificó que esta nueva carta “ratifica que Ernesto Samper fue interlocutor de los Rodríguez Orejuela”.
También se refirió a los escándalos de Chambacú y Dragacol, con los cuales lo vinculan los hermanos fundadores del Cartel de Cali en la nueva comunicación. “Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares”, se lee en la carta de los narcotraficantes, actualmente condenados en Estados Unidos.
Sobre este punto, el expresidente del partido Conservador señaló que estos escándalos “se originaron en el Gobierno Samper y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana, sin que yo haya estado vinculado”.
Además, agregó que en 1994 la Fiscalía General de la Nación, en ese entonces encabezada por Gustavo de Greiff, ordenó una investigación a su campaña presidencial por las supuestas entradas de dineros del narcotráfico. La mencionó, no sin antes resaltar que De Greiff, era el padre de Mónica de Greiff, “tesorera de la campaña de Samper, fiscal sin visa a EE. UU. por sus vínculos con el Cartel de Cali y muy cercano a Samper”.
Sobre esta investigación, recordó que, aunque duró más de dos años, “se cerró con la comprobación plena de que a mi campaña no había ingresado ni un solo peso del narcotráfico”.
“Mi campaña en el año 1994 fue manejada de la manera más pulcra por Luis Alberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco, sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jamás han estado investigados por vínculos con el narcotráfico”.
Destacó que durante su Gobierno fueron extraditados más de 110 jefes del narcotráfico. “Aunque los Rodríguez Orejuela estaban presos por ese mismo delito, no pudieron ser extraditados entonces porque la Constitución del 91 y la ley que el gobierno Samper tramitó, no permitía la extradición por hechos anteriores a su expedición”, explicó.
Por su parte, Ernesto Samper también reaccionó a la carta de los hermanos Rodríguez Orejuela y, de la misma forma, publicó un comunicado en sus redes sociales.
El antecesor de Pastrana, del partido Liberal, dijo estar “sorprendido por las explosivas declaraciones de los hermanos Rodríguez Orejuela sobre el comportamiento indigno del expresidente Andrés Pastrana al monta, como Presidente de la República, un entrampamiento criminal contra Horacio Serpa y contra mí”.
Agregó que, según él, Pastrana “tiene que explicarle al país su conducta en estas ciscunstancias y las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía y la Comisión d Acusaciones de la Cámara de Representantes, deben asumir la investigación de los graves hechos denunciados”.
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