Defensor de representante acusado de corrupción renunció por “vulneración de garantías” por parte de un magistrado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente a Edwin Ballesteros, representante a la Cámara del Centro Democrático, a una investigación por hechos de corrupción durante su gerencia del Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT) entre los años 2014 y 2016. Frente a su vinculación, según reportó Semana, no hay más fechas de indagatoria y lo que sigue es la investigación bajo la responsabilidad del magistrado Héctor Alarcón.

Posteriormente, se conoció la noticia de que su representación, conformada por el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Julio César Ortiz, renunció a la defensa del congresista por vulneración de garantías por parte de Alarcón.

Así lo confirmó Blu Radio, medio que aseguró que la renuncia fue presentada por medio de un escrito radicado ante la secretaría de la Sala de Instrucción después de haber terminado la indagatoria. “Esta renuncia la presentamos ante su despacho, en virtud de la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado, especialmente la violación del derecho fundamental a la defensa, durante la diligencia de indagatoria que fue celebrada el día de hoy, dentro del proceso de referencia”, indicó el documento, con referencia al accionar de Alarcón.

De acuerdo con el medio, la razón detrás de esta reacción de los apoderados radica en que el magistrado instructor no permitió extender el plazo para la entrega de documentos de peritaje financiero y costos en contratación referentes al caso de corrupción que investiga el alto tribunal.

La Corte Suprema aplazó la indagatoria el pasado 23 de agosto por un cambio de abogado, ya que el penalista Francisco Bernate renunció a su caso. “Desde la semana pasada el alto tribunal aplazó la indagatoria debido a que tuve cambio de apoderado y el proceso de empalme se demora un tiempo”, aseguró el legislador, según el diario Vanguardia.

Nuevamente, en menos de un mes, el congresista se quedó sin defensa y, hasta el momento, no se conocen los posibles reemplazos para el caso que enfrenta por la construcción de un acueducto en el departamento de Santander.

Según el alto tribunal, son tres contratos los que presentaron irregularidades, asignados por más de 5.000 millones de pesos. En concreto, la autoridad investiga los bienes inmuebles del representante antes y después de haber asumido el cargo de gerente de la ESANT.

Incluso, existe una indagación por parte de la Contraloría de Santander por irregularidades en la construcción de la represa La Batanera de Vélez. Esta colapsó pocos meses después de su inauguración, aseguró Blu Radio. Todo esto, durante el gobierno de Richard Aguilar en Santander, quien en este momento se encuentra privado de la libertad.

Ratifican medida carcelaria contra Richard Aguilar

Las pretensiones del exsenador Richard Aguilar de regresar a la libertad volvieron a ser negadas por la justicia. En la tarde de este 6 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su decisión que ordena medida carcelaria al político mientras se adelanta un proceso judicial en su contra por irregularidades en un contrato suscrito durante su periodo como gobernador de Santander (entre 2012 y 2015).

El encargado de tomar la decisión fue el magistrado Luis Bustos Bustos, quien concluyó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue respetuosa de los derechos al debido proceso de Aguilar. Además, indicó que la orden está dentro de los parámetros y el procedimiento establecido en estos casos.

“No habrá de accederse a la reposición de la decisión proferida. La determinación aquí adoptada fue absolutamente clara al puntualizar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cumplió con el agotamiento del referido método, de ahí que la providencia se encuentra debidamente ejecutoriada”, dijo el magistrado Bustos.

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