La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Nicolás Neira e iniciará las investigaciones para esclarecer la muerte del joven asesinado por Néstor Rodríguez Rúa, un agente del Esmad, en mayo de 2005.
Parecido a lo sucedido con Dilan Cruz, Nicolás recibió un disparo de proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza mientras estaba en el centro de Bogotá el 1ro de mayo de 2005. También fue señalado como responsable el mayor (r) Fabián Mauricio Infante que encubrió a Rodríguez construyendo una hipótesis falsa. Pero el papel de la CIDH es revisar si el Estado tiene responsabilidad por presuntamente violentar los la vida, la libertad y las garantías judiciales de las víctimas.
La falsa versión que dio Infante fue que Neira había tropezado y caído en un bolardo. Pero la evidencia probatoria desmintió la teoría ya que el joven duró varios días en cuidados intensivos por un impacto contundente que le fracturó casi todo el cráneo. Cuando se dio la condena contra Infante, el último paso del procedimiento penal de primera instancia, el abogado del expolicía solicitó conflicto de competencias y el caso pasó a la Corte Constitucional para que siga su proceso.
El Espectador reveló el documento de admisibilidad en el que la CIDH indagará si el Estado violó al menos ocho artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos los derechos del niño ya que Nicolás tenía 15 años en el momento de su muerte.
Sobre la presencia del Esmad ese día en el centro de Bogotá, el medio conoció que en el documento la CIDH especifica que “la participación en los operativos de seguridad de policías de civil o sin su correspondiente identificación presenta problemas para la revisión administrativa o judicial de posibles irregularidades o violaciones de derechos. La falta de una correcta identificación constituye un obstáculo adicional para la asignación de responsabilidades, en contextos en los que la reconstrucción de los hechos es de por sí compleja”.
La Comisión dijo que las denuncias de Yuri Neira, el padre de Nicolás quien tuvo que salir del país por persecuciones judiciales, deben ser investigadas porque, asegura, a pesar de que la Policía fue condenada y debe pagarle una indemnización, el monto no es suficiente.
La muerte de Nicolás
Ese día Nicolás fue al centro junto con sus amigos para comprar un libro. Al ver la marcha de los trabajadores, se unió a ella y luego, de caminar unas pocas cuadras se estalló un enfrentamiento entre civiles y el Esmad y sin saberlo, él resultaría víctima de la fuerza pública. Según algunos testigos, fue golpeado por los uniformados y posteriormente recibió un impacto con una granada de gas lacrimógeno en la cabeza.
“De acuerdo con los testimonios obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el funcionario, adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) , accionó un arma conocida como gaseador o truflay sin orden previa de sus superiores”, señaló la Fiscalía.
Sumado a esto, los peritajes de balística y los dictámenes médico-forenses evidenciaron que el patrullero desconoció los protocolos de uso dispuestos y lo disparó de forma lineal y directa contra multitud.
El joven fue llevado por algunos manifestantes que lo ayudaron hasta el Centro de Atención Médica Inmediata —CAMI— de La Perseverancia, y luego fue trasladado hasta una clínica de Saludcoop en el norte de la ciudad donde murió días después de lo ocurrido.
Medicina Legal confirmó que Nicolás había fallecido por un contundente golpe en la cabeza. Una herida de 26 centímetros, más los golpes con que le rompieron las costillas, el omoplato y un riñón.
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