Karen Abudinen anunció que inició la liquidación del contrato con Centros Poblados

La Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías falsas en el proceso de adjudicación y recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos para obtener un contrato con el fin de llevar internet a las escuelas públicas en todo el país

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Centro Digital de Bolívar que
Centro Digital de Bolívar que exhibió la Unión Temporal Centros Poblados y aseguró que ya había instalado 845 hasta el pasado 31 de julio

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, anunció este martes que dio inicio al proceso de liquidación del millonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó irregularidades.

“Ya inició la liquidación del contrato a UT Centros Poblados. #SeguimosTrabajando en el proceso con el contratista UT ETB Net y así conectar los #ColegiosConInternetGratis en las zonas rurales del país. ¡Ese es nuestro principal objetivo!”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter.

Abudinen publicó el acta de liquidación del contrato de aporte No. 1043 de 2020 a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, que fue radicada el pasado 6 de septiembre. A partir de esa fecha, los involucrados tendrán tres días hábiles para devolver el documento firmado y dar inicio al proceso.

Acta de Liquidación del contrato
Acta de Liquidación del contrato con Centros Poblados

La liquidación se inicia después de que el pasado 17 de agosto de 2021 quedara en firme la resolución de caducidad del contrato, que inició la oficina de Actuaciones Administrativas del MinTIC luego de conocer que una póliza bancaria presentada en el concurso, sería falsa. Aunque también habría otros documentos con dudas de la originalidad, según la emisora W Radio.

Según el Ministerio de las TIC, la caducidad del contrato se declaró el pasado 19 de julio, casi un mes después de que el Banco Itaú informara que la póliza presentada a su nombre no había sido emitida por esa entidad y sería falsa.

Desde el pasado 13 de agosto, los contratistas que conforman la Unión Temporal quedaron inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesaron automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional.

A partir de ese momento, según las declaraciones de la ministra Abudinen, se ordenó a Centros Poblados el pago de la cláusula pecuniaria del contrato que asciende a poco más de 39.015 millones de pesos. Así mismo, se ordenó el desembolso de los recursos a los que accedió el contratista por concepto de anticipo, 70.243 millones, que son los que presuntamente se desaparecieron y deben ser devueltos en su totalidad.

Tras producirse la caducidad del contrato, la construcción de más de 7.200 centros digitales para la conectividad a internet de colegios y familias rurales, quedará en manos de la empresa ETB NET. Esta compañía, en asocio con Skynet, con amplia experiencia en el sector, asumirá el compromiso de continuar con la región B del contrato, después de haber quedado segunda tras Centros Poblados en la licitación inicial que fue caducada.

El pronunciamiento de Abudinen se da un día después de que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de la ministra. Esta indagación, de acuerdo con el ente de control, tendrá el objetivo de determinar la responsabilidad de la funcionaria en las irregularidades de la etapa pre contractual de la licitación.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.

En ese sentido, la caducidad del contrato sigue su curso pese a que los representantes de Centros Poblados han anunciado acciones legales para detener la decisión. Así mismo, Abudinen asegura que se mantendrá en el cargo y a la cabeza del proceso, pese a los cuestionamientos por su responsabilidad política en el fracaso de la contratación y el riesgo de los recursos públicos entregados al contratista.

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