Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria denunciará a la Fiscalía por violación de sus derechos políticos ante instancias internacionales

Aníbal Gaviria recibió una buena y una mala noticia. Mientras la Contraloría General de la República lo excluyó del proceso de responsabilidad fiscal en el megaproyecto de Hidroituango, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la medida de aseguramiento que dictó en primera instancia ese tribunal.

El suspendido gobernador de Antioquia reaccionó en la mañana de este martes y publicó en su cuenta de Twitter un comunicado sobre las dos situaciones judiciales que presentaron avances durante el día anterior, por el cual lo mantienen preso.

“Seguro, como siempre he estado de la transparencia de mis actuaciones y la responsabilidad de mis decisiones como ciudadano y servidor público, recibo con satisfacción esta decisión en lo personal e institucional. No puedo dejar de expresar a las demás personas e instituciones que continúan vinculadas en este proceso, mi firme confianza en que podrán aclarar y demostrar su correcto actuar”, señaló sobre la decisión de la Contraloría al declararlo no responsable.

En su lugar, varios predecesores y sucesores en la Gobernación de Antioquia sí continuarán siendo investigados. Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos siguen vinculados a la investigación y el exalcalde Alonso Salazar como miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín durante la construcción del proyecto Hidroituango.

Respecto a la negativa de la Corte Suprema de Justicia para recobrar la libertad, que fue impuesta por irregularidades en la contratación y adición de la construcción de la Troncal de la Paz que fue contratada en 2005, durante su primer periodo en la dirección del departamento, Gaviria acusó a la Fiscalía de violación de sus derechos políticos.

Gaviria afirmó que en este proceso, que sucedió hace 16 años, afronta la presunta omisión de su deber de supervisar la contratación en el Bajo Cauca Antioqueño. Sin embargo, no se investiga un detrimento patrimonial inicialmente ni la mala calidad de la obra, como tampoco incumplimiento, sino que la Fiscalía “centra su acusación en una hipotética violación de principios de la contratación pública”.

“Insisto que soy respetuoso de las instituciones. Mis abogados agotarán los recursos jurídicos ante la Corte Suprema de Justicia, para que se restituyan mis derechos y mi inocencia sea confirmada públicamente”, señaló el ex gobernador.

Sin embargo, anunció que buscará también solución en organismos externos. “Dadas las reiteradas acciones al margen del debido proceso por parte de la Fiscalía, he tomado la decisión de acudir a las instancias internacionales, con carácter urgente, para procurar el cese de la violación a mis derechos políticos y los del electorado antioqueño”, señaló Gaviria.

“En la base de nuestras banderas por la vida y la equidad siempre ha estado presente la idea de una justicia eficiente y verdadera que las garantice. Quiero renovar hoy mi compromiso con los colombianos y antioqueños para seguir trabajando por alcanzar estos ideales desde donde me encuentre. Con su respaldo y confianza, isaldremos adelante!”, puntualizó el ex gobernador.

El gobernador irá a juicio por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Las acusaciones son hechas en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía por supuestas irregularidades en una contratación para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, que se dio entre 2004 y 2007 por un valor que supera los $40 mil millones de pesos, en el cual se había pactado inicialmente un anticipo del 25% para después ampliarse al 29%.

De acuerdo con el expediente, además, el anticipo que equivalía a $10.300 millones de pesos entregado al Consorcio Troncal de la Paz habría sido aprobado sin una garantía contractual para la destinación correcta de los recursos, por lo que el contratista habría invertido el monto en gastos particulares como la compra de maquinaria y equipos, y no para la ejecución del contrato.

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