Corte Suprema de Justicia negó libertad del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión que el pasado 10 de junio tomó la Sala de Primera Instancia de ese alto tribunal, en la que determinó medida de aseguramiento dictada contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Es importante recordar que la Corte ya había señalado anteriormente, en al menos tres oportunidades, que no existen pruebas ni elementos para revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía desde junio de 2020.

“La defensa del mandatario regional no ha expuesto prueba alguna que desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento ni ofrece nuevos elementos de juicio que excluyan la necesidad de la detención para lograr sus objetivos”, aseguró la Corte.

Además, de acuerdo con El Tiempo, la medida dolo se levantó temporalmente por orden del Tribunal Superior de Medellín en octubre del año pasado, pero finalmente en marzo de 2021, al acusarlo, la Fiscalía volvió a ordenar su detención preventiva.

Por lo que el acusado interpuso un recurso ante la Corte Suprema pidiendo la revocatoria de la medida de aseguramiento. Según argumentó, la Fiscalía no tuvo en cuenta “el complejo sistema escalonado de control en la contratación existente en la Gobernación” ante el elevado número de contratos, lo cual le impedía a él estar directamente al tanto de cada incidencia. Sin embargo, la Corte volvió a ratificar la decisión.

El gobernador irá a juicio por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Las acusaciones son hechas en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía por supuestas irregularidades en una contratación para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, que se dio entre 2004 y 2007 por un valor que supera los $40 mil millones de pesos, en el cual se había pactado inicialmente un anticipo del 25% para después ampliarse al 29%.

De acuerdo con el expediente, además, el anticipo que equivalía a $10.300 millones de pesos entregado al Consorcio Troncal de la Paz habría sido aprobado sin una garantía contractual para la destinación correcta de los recursos, por lo que el contratista habría invertido el monto en gastos particulares como la compra de maquinaria y equipos, y no para la ejecución del contrato.

La investigación así mismo indicó que el contrato inicial tuvo dos adiciones, una de ellas por $41 mil millones de pesos, y la otra por $16 mil millones de pesos cuatro días antes de que el gobernador finalizara su periodo, para la construcción de una vía en El Bagre, Antioquia. “Sin la debida planeación y justificación, tratándose de obras nuevas que no se relacionaban con la original y requerían un proceso independiente, obviando la selección que ello demandaba.”

En su defensa Gaviria, a través de un comunicado, aclaró que los cargos por los que es investigado por la Fiscalía sería supuestos errores en principio de contratación pública, y no vinculados por irregularidades en contratos.

“En este proceso no se investigan actos de corrupción, ni detrimento patrimonial, mala calidad de la obra, impertinencia del proyecto, ni obras inconclusas, la propia Fiscalía ha aceptado que se desatendieron principios de la contratación pública”, señaló el gobernador suspendido de Antioquia.

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