En toda Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), habitan 954.402 mujeres indígenas y ellas, a lo largo de su vida, tienen la responsabilidad de preservar la cultura de sus respectivos resguardos. Este 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que ayuda a recordar su papel en la comunidad, pero que también deja en evidencia la lista de ataques que sufren.
Las mujeres indígenas son guías para los nuevos miembros de sus comunidades. Esto sucede desde el primer momento, pues algunas se dedican a la partería y fungen el rol de doctoras, así que ayudan a que nazcan los bebés. Así mismo, hay otras que ayudan a que los menores aprendan oficios tradicionales, las costumbres y a hablar tanto la lengua nativa del resguardo como español.
Esta última actividad es muy importante porque les ha permitido a las comunidades luchar por sus derechos. Si bien es cierto que el Estado debería garantizar a los indígenas el acceso a la justicia con un enfoque diferencial, esto no siempre sucede. La primera barrera que encuentran es que no hay traductores que les ayuden a generar una comunicación para expresar sus inconformidades.
Teniendo esto en cuenta, el poder aprender la lengua nativa y nociones de español se vuelve una necesidad para los indígenas. Un ejemplo de esto se ve en el trabajo realizado por Dora Sepúlveda, Nepono Carupia y Rosa Chamorro, tres mujeres que van de municipio a municipio en Chocó ayudando a traducir palabras y enseñando conocimientos jurídicos básicos con el fin de reducir la vulneración de sus derechos. Su actividad está enmarcada en la iniciativa ProDefensoras que lidera ONU Mujer en el país.
“Nuestro empoderamiento político y jurídico se ha visto beneficiado. Podernos formar en derechos territoriales para luego nosotras mismas hacer la réplica de esos conocimientos con las mujeres del territorio. Es, además de relevante, un proceso de lo más bello. Antes para nosotras no era posible conocer de primera mano qué leyes nos defienden como comunidades indígenas y nuestros territorios y cuáles eran nuestros derechos”, dice Chamorro.
La labor de las mujeres indígenas es importante, pero en la mayoría de los casos no es reconocida de forma económica, pues no se ven como actividades formales. De hecho, según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, adscrito a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 98 % mujeres indígenas está en edad de trabajar y solo 4 de cada 10 tienen un empleo formal. A su vez, esto deriva en que el 84 % de ellas no cotice a un fondo pensional.
Hay que mencionar que, además de la vulneración económica, las mujeres indígenas también están sometidas a otros tipos de violencia. La Defensoría del Pueblo señala que entre 2020 y 2021 ha emitido 74 alertas y en 54 de ellas se advierten riesgos de vulneraciones a sus derechos.
En estas advertencias, registradas en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, se evidencian patrones de violencia basada en género que incluye la violencia sexual y la trata de personas. Además, los actores armados las someten a reclutamiento forzoso, tortura y/o tratos crueles, amenazas y desplazamientos forzados. Es importante precisar que esto no solo lo viven las mujeres adultas, sino también las menores de edad que integran los resguardos.
La entidad asegura que está trabajando para detener estos atropellos contra la dignidad e integridad de las mujeres indígenas.
“Además de la defensa y promoción de sus derechos como mujeres, desde la Defensoría del Pueblo trabajamos permanentemente para reivindicar sus conocimientos e impulsar el respeto por sus tradiciones ancestrales. Trabajamos en conseguir que todas y cada una de las mujeres indígenas que habitan el territorio nacional gocen de forma plena de los derechos que les asisten”, dice Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Se espera que más allá de las advertencias, el Estado colombiano proteja con acciones contundentes a las mujeres indígenas, pues además de las vulneraciones a sus derechos, también han resultado víctimas de feminicidios. Solo en lo que va del 2021, la Defensoría señala el asesinato de siete mujeres que pertenecían a diferentes resguardos en el país y que adelantaban actividades de defensa de derechos.
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