Iglesia católica asegura que en Antioquia y Chocó hay más de 8.000 personas en riesgo por la violencia entre grupos armados ilegales

Al menos 50 misioneros recorrieron los departamentos en la zonas más afectadas por la violencia

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La Iglesia Católica reveló este 5 de agosto que, recientemente, una misión recorrió Antioquia y Chocó, donde descubrieron que más de 8.000 personas están afectadas por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley.

Según la iglesia, los pobladores de muchas zonas de estos dos departamentos han sido confinados, desplazados o lesionados en campos repletos de minas por culpa de las luchas territoriales del Eln y el Clan del Golfo. Los sectores más afectados son: Frontino, Dabeiba, Vigía del Fuerte y Murindó.

Al menos 50 integrantes de la misión humanitaria de la Iglesia católica, recorrieron la zona para ver de primera mano los atropellos y vulneraciones violentas de más de 8.000 campesinos, indígenas y afrodescendientes que ha sido cercados por grupos armados ilegales. Un dato preocupante es que los territorios son tan amplios que pueden ser muchas más las personas afectadas por la violencia que afecta al país.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Quibdó, padre Juan Carlos Barreto, aseguró a Blu Radio que los pobladores sienten miedo y abandono del Estado.

“Realmente la gente se siente muy desprotegida por parte del Estado, como que les han abundado y tienen que enfrentar todos estos problemas. Es obvio que hay alguna presencia de institucionalidad, pero esta es insuficiente”, sostuvo.

Además, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que proteja a estas comunidades en riesgo y no vulneren sus derechos.

Organizaciones indígenas colombianas piden nuevo pacto social que proteja sus derechos

El pasado 9 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Colombia las comunidades étnicas aprovecharon la fecha para pedir que se les respete sus derechos. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se pidió que se cree un nuevo pacto social en el que se les tenga más en cuenta y argumentaron que históricamente han sido excluidos y esto ha dado pie para que se les vulnere.

“Demandamos un nuevo pacto social basado en la pluralidad de los pueblos y su administración de la medicina tradicional basado en sus conocimientos ancestrales. El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Estados. Por lo tanto, un nuevo pacto social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas, a través de nuestra participación significativa y efectiva”, pidió ONIC.

La organización señaló que actualmente hay grandes brechas entre los colombianos que se reconocen como indígenas y los que no. Esto se evidenciaría en índices económicos, de acceso a educación y a salud de las comunidades étnicas colombianas. Según los mismos afectados, esas cifras son tan bajas que califican como ciudadanos en condición de pobreza extrema.

Sumado a estos problemas, de los que culpan completamente al Gobierno nacional y su incumplimiento de las políticas de protección que cobijan a estos pueblos, está el conflicto armado del país que también los afecta. Los indígenas colombianos son víctimas de este fenómeno de diferentes formas. Algunos son amenazados, forzados a salir de sus territorios y/o asesinados.

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