Las razones por las que la Corte Constitucional de Colombia tumbó la cadena perpetua para violadores de niños

El pasado 6 de julio del presente año entró en vigencia la Ley Gilma Jiménez, que aprobaba la pena de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes en Colombia. Sin embargo, esta no duró ni dos meses, luego de que este jueves 2 de septiembre la Corte Constitucional tumbó el fallo, que además de generar un escándalo mediático en el país, fue una de las propuestas que vendió el hoy presidente del Estado colombiano, Iván Duque Márquez en 2018, cuando se disputaba la jefatura de la nación.

De acuerdo con el alto tribunal, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, el Congreso colombiano excedió el poder legislativo que posee al aprobar la revisión del artículo 34 de la Constitución política de 1991, asegurando que el aval a esa solicitud atenta contra la vida humana, el Estado social y democrático de derecho y varios otros de los pilares que rigen la carta magna colombiana.

Palabras más, palabras menos, la Corte Constitucional, con votación 6 a 3, declaró “inconstitucional” la ley en mención que tenía como fin reglamentar la prisión perpetua revisable y reformar los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario.

EL FALLO

En la decisión que aprobó el Congreso se permitía que cuando un individuo llevara 25 años tras las rejas, su pena podría ser revisada para analizar su estado de resocialización. Sin embargo, los juristas que fallaron, de manera histórica, contra la ley apoyada por el Gobierno nacional, aseguraban que “este mecanismo de revisión no cumple con los estándares para considerarla una pena respetuosa de la dignidad humana. La indeterminación de la revisión, la cual se sujeta a un tiempo y a unos hechos futuros e inciertos, sustituye la Carta Política y tiene como consecuencia, la vulneración de varios principios constitucionales en materia penal”.

Los nombres de los magistrados que tumbaron la cadena perpetua en el país fueron Cristina Pardo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez. Mientras que los tres magistrados que se opusieron fueron Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz y Paola Meneses.

Aparte de Plazas, principal ponente, otro férreo defensor de derogar la controvertida propuesta fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien aclaró las razones por las que apoyó la decisión de la Sala.

Tras varios de los argumentos, tanto Ibáñez como los demás togados defendieron a rajatabla la dignidad humana y desvirtuaron la ponencia que, dicen, atentaría no solo contra las leyes en el país, sino que también excede los límites impuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humamos.

CUÁL FUE EL ‘TRECHO’ QUE RECORRIÓ LA REFORMA EN LOS PODERES COLOMBIANOS

El camino ‘pedregoso’ por el que pasó la cadena perpetua para violadores no es nueva y fue impulsada desde que el hoy mandatario de los colombianos soñó con ser presidente y que, dicen expertos, le ayudó a ganar la Presidencia luego de que buena parte de sus más de 10 millones de votantes en la segunda vuelta lo apoyaran por esa propuesta que hoy es catalogada como “populista” y “punitiva”.

En junio de 2020, el Senado de la República, por ejemplo, con 77 votos a favor, apoyó la reforma al artículo 34 de la Constitución Política y ahí se veía una ‘batalla ganada’ para el presidente Duque y su gabinete.

Sin embargo, tras el dictamen del alto tribunal esta semana, tal parece que las pretensiones que tenía el poder ejecutivo se cayeron.

“No es solamente que tendremos la cadena perpetua, sino que serán imprescriptibles estas conductas para que no exista ningún miserable delincuente que pretenda que con el pasar del tiempo se extinga ante la sociedad su responsabilidad”, dijo el jefe del Estado colombiano en julio del 2020 cuando promulgó la iniciativa que recientemente se eliminó.

En ese entonces, Iván Duque buscaba que esa medida fuera “ejemplarizante” y diera los “resultados” que se había planteado, que eran darle un poder a los jueces colombianos de condenar hasta la fecha de su muerte a quienes accedieran carnalmente y asesinaran a los menores de edad en el país. Pena que, como ya se mencionó, podía ser evaluada a los 25 años de condena.

Desde dicha promulgación, su gobierno tuvo un año para presentar la reglamentación ante el Congreso y así debatir cómo se implementaría dicha reforma en los sistemas judiciales del país; con lo que el primer mandatario se mostró emocionado en ese entonces y reconoció que le daría “un trámite acelerado a la ley que reglamente este acto legislativo y que se complementa también con otros desarrollos normativos que son fundamentales para el país y avanzan en el Congreso”. Sin embargo, no le salió como esperaba.

Cabe recordar que a mediados de julio del 2018, cuando Duque ya había ganado las elecciones y era el presidente electo de los colombianos, aseguró que no se iría del Gobierno sin dejar vigente la norma; por lo que fue uno de los propósitos de su gobierno que hoy ya no verá la luz, pero que miembros de su partido como el senador Ernesto Macías buscarán revivir mediante un referendo.

El año en que Duque llegó a la Casa de Nariño defendió una y otra vez esa propuesta asegurando que “No es populismo punitivo”. Así lo aseveró el mandatario desde la cumbre de gobernadores que se celebró en Paipa en julio de 2018 y en la que buscaba honrar la memoria de la fallecida congresista Gilma Jiménez, quien en vida luchó, sin éxito, para que se aprobara la cadena perpetua para dichos criminales.

Y AHORA, QUÉ DIJO EL GOBIERNO

Pues bien, las acérrimas defensas del entonces candidato, al que hoy ya le queda menos de un año para terminar su mandato en Colombia, se esfumaron tras el fallo del alto tribunal.

Sin embargo, una vez se conoció el dictamen de la Corte Constitucional el jueves de esta semana, el presidente Iván Duque y las directivas del Centro Democrático, el partido con el que ganó el poder, se refirieron asegurando que acataban el fallo, pero lo desvirtuaron con vehementes argumentos y de manera impetuosa.

Además, el actual ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien fue autor y promotor de ese proyecto desde la cartera que dirige, lamentó la decisión aunque también dijo reconocerla.

El debate apenas se abre y, frente a las penas que deberán enfrentar quienes cometan ese tipo de crímenes en tierras cafeteras, se esperan nuevas ideas de cara al año electoral y a menos de 10 meses de que se elija al próximo mandatario de casi 50 millones de colombianos.

SEGUIR LEYENDO: