Congresista Nilton Córdoba llamado a indagatoria ante la Corte Suprema por vínculos con el Cartel de la Toga

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara, Nilton Córdoba por su presunta participación en el escándalo del ‘Cartel de la Toga’. La cita está programada para el próximo 13 de septiembre. El congresista del Partido Liberal habría tenido que ver en un lío con la construcción de un edificio en el Chocó.

Todo se da por el palacio municipal de Puerto Meluk (Chocó) que fue construido con recursos del Ministerio del Interior, y aunque había sido planeado levantarse en cierto lote, se realizó finalmente en otro. Este ministerio le pidió a Nilton Córdoba que devolviera los recursos invertidos, pero este se negó, empezando así un lío judicial.

El presunto nexo con el Cartel de la Toga es que el congresista le habría pagado dinero a los miembros de este grupo para que el proceso no avanzara en la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos están los exmagistrado Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Camilo Tarquino, Leonidas Bustos y el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Ellos se encargaban de ofrecer sobornos en la rama judicial para retrasar y evitar investigaciones en las altas cortes.

El pasado 13 de agosto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Gustavo Malo Fernández a una pena de 116 meses y 12 días de prisión, multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días.

“Colombia como sociedad ha de abandonar la cultura de los atajos para alcanzar cada propósito. Desde la base de la sociedad hasta la cúspide de las altas esferas estatales se debe dar punto final a cualquier manifestación de corrupción, evitando a ultranza ejercer mecanismos ajenos a los legalmente establecidos… La justicia es más que el cumplimiento de una función constitucional, pues entraña un proyecto de vida forjado desde las aulas de las facultades de derecho, donde se provee por la formación de verdaderos juristas, quienes, al ser dotados del poder jurisdiccional, asumen un poder reglado que les permite incidir en los derechos de sus congéneres”, declaró en su fallo la Sala Especial.

Malo fue investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva dentro del caso conocido como el ‘cartel de la toga’.

El alto tribunal determinó que Malo Fernández, siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria.

Las pruebas recaudadas por la Sala dan cuenta de la materialización del delito de cohecho propio, en tanto el procesado, por intermedio del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.

A juicio de la Sala Especial de Primera Instancia, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas -como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton- contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Ello a cambio de coimas y dádivas.

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