Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato de alimentación para adultos mayores

El ente de control investigará a la secretaria general de Gestión Social y Participación, el coordinador del Programa Adulto Mayor, y al interventor de este contrato por 1.998 millones de pesos

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La actuación de la Procuraduría se adelanta con la intención de determinar si se cometieron estas presuntas irregularidades y si estas constituyen faltas disciplinarias.
La actuación de la Procuraduría se adelanta con la intención de determinar si se cometieron estas presuntas irregularidades y si estas constituyen faltas disciplinarias.

Por presuntas irregularidades en un contrato por cerca de 2.000 millones de pesos destinado a la alimentación de adultos mayores en Villavicencio, departamento del Meta, la Procuraduría General de la Nación anunció este miércoles que abrió una investigación contra grupo de funcionarios de la Alcaldía Municipal.

El Ministerio Público detalló que iniciaba la investigación contra la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía, Maritzabel Ramírez Gómez, por posibles hechos de corrupción en el contrato 871 para el suministro de alimentos en los centros de vida a los adultos mayores que se encuentran en extrema pobreza y en estado de vulnerabilidad.

“El ente de control investiga las denuncias de la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio que señalan a Ramírez Gómez de consignar falsedades al efectuar la evaluación técnica y certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual”, indicó el Ministerio Público.

A su vez, señaló que esta decisión de la Procuraduría Provincial de Villavicencio también involucra al coordinador del Programa del Adulto Mayor y supervisor del Contrato, Sehir Esgardo Rodríguez, y al interventor de este contrato de alimentación, que fue suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía (Corsoculdeorinoquía), Julián Andrés Vargas.

De igual manera, manifestó que adelanta esta actuación con la intención de determinar si se cometieron estas presuntas irregularidades y si estas constituyen faltas disciplinarias mientras que los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

A Vargas Álvarez se le investiga por presuntamente duplicar pagos, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato, entregar alimentos a personas no beneficiarias y por otras irregularidades en el control del servicio; además de la supuesta omisión de verificar y certificar la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo”, concluyó el ente de control.

Estas presuntas irregularidades en contratos de alimentación para adultos mayores en Villavicencio coinciden con las investigaciones que adelantan las autoridades frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), en las que se han recibido innumerables denuncias en todo el territorio nacional.

Imagen de referencia. Incautan 8 millones de alimentos en Boyacá que no eran aptos para el consumo. Foto: Archivo particular
Imagen de referencia. Incautan 8 millones de alimentos en Boyacá que no eran aptos para el consumo. Foto: Archivo particular

Incautan en Boyacá ocho millones de raciones del PAE que no eran aptas para el consumo humano

La Secretaría de Salud de Boyacá dio a conocer que se incautaron ocho millones de raciones de pan de los alimentos entregados por el Plan Alimentario Escolar (PAE), ante el incumplimiento de los estándares para su consumo, así lo conoció RCN Radio.

“En los últimos días hemos incautado más de 8 millones de raciones de pan que no salieron a circulación dado el incumplimiento de las condiciones técnicas correspondientes”, informó en diálogo con la misma emisora el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo.

En entrevista con el mismo medio, el funcionario además señaló que desde la entidad también se está verificando que los alimentos lácteos cumplan con las condiciones su respectiva cadena de frío y tengan vigente el registro del Invima, tras las denuncias de los padres de familia por la mala calidad de los productos que les estaban llegando a los niños en Boyacá.

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