JEP recibe informe que documenta 1.653 ‘falsos positivos’ atribuidos al general (r) Óscar González

Este jueves un grupo de organizaciones de derechos humanos de Colombia presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “La continuación de la política del horror”, que denuncia 1.653 ejecuciones extrajudiciales en las que estaría implicado el general retirado Óscar Enrique González Peña.

La Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos (CSPP), y la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) entregaron este documento ante la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal de paz, que involucra al sucesor del general Mario Montoya en la comandancia del Ejército Nacional.

“Este documento dará cuenta, de manera parcial, de los elementos que hacen constar la participación y responsabilidad del MG (r) Óscar Enrique González Peña, en casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de muertes simuladas o fraudulentas, mal llamadas como falsos positivos”, indicaron las organizaciones en un comunicado.

Estos casos habrían sido presuntamente cometidos por González Peña cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2003 y 2005; y durante sus labores en la Séptima División (2005 – 2006); el Comando Conjunto del Caribe No. 1 (2006 – 2008) según denunciaron las organizaciones de víctimas

“Estas ponen en evidencia patrones de macro criminalidad generalizados y permanentes y la estrecha relación entre González Peña y Mario Montoya en la que presuntamente, el primero, actuó como su mano derecha y sucesor en cada comandancia de las diferentes unidades militares, dando continuidad a políticas que desembocaron en graves violaciones a los derechos humanos”, aseveraron las organizaciones.

De igual manera, expresaron que buscan develar elementos supuestamente evidenciarían la “consolidación de un aparato criminal dentro de la estructura del Ejército”, que estaría destinada a legitimar la política de la seguridad democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe, a través de “éxitos operacionales en términos de bajas en combate”.

En ese sentido, indicaron que la mayoría de estas bajas resultaron siendo civiles y a través de discursos como el del enemigo interno se “legitimaba el accionar violento en contra de la población”, la cual no tomaba parte dentro de las hostilidades cometidas durante el conflicto armado interno.

“A partir del año 2002 con el inicio de la llamada política de Defensa y Seguridad Democrática, se presentaron cambios en la estrategia gubernamental frente al conflicto armado interno y la coyuntura política, económica y social del país. Debido a la implementación de dicha política se evidenció un incremento alarmante en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles reportados como dados de baja en combate, en un período de ocho años, de forma masiva y permanente en 31 de los 32 departamentos del país”, señalaron los colectivos.

En ese sentido, manifestaron que la Fiscalía registró el mayor número de casos de posibles ejecuciones extrajudiciales reportadas por el Ejército como éxitos contra la insurgencia en el departamento de Antioquia, destacándose la Cuarta Brigada, comandada por González Peña, como la unidad militar con el mayor número de bajas en todo el país.

Asimismo, denunciaron que estos mismos resultados, que eran entendidos y priorizados como bajas en combate, con los cuales se destacaban las mejores unidades militares en el país, se presentaron en los grupos en los que el general retirado González Peña estuvo al frente hasta que llegó a ser comandante del Ejército.

“Se pretende que los hechos que serán presentados formen parte de la investigación que dirige la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco del caso 003 denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado” y que las víctimas de estos hechos puedan acceder efectivamente a medidas de reparación integral, condena a los responsables de los crímenes, verdad completa y a tiempo, y garantías de no repetición en los territorios afectados”, concluyeron las organizaciones.

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