Estos son los jueces del Tribunal de Arbitramento en el caso de la Gobernación de Antioquia contra EPM por Hidroituango

Este jueves 2 de septiembre se llevó a cabo la instalación de Tribunal de Arbitramento encargado de resolver las demandas entre la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM) por los retrasos y la contingencia de Hidroituango. La instalación de dicho estamento se realizó ante la Cámara de Comercio de Medellín, en donde se definieron los integrantes principales y suplentes.

Por ahora se sabe que Ruth Correa, exministra de Justicia; José Bonivento, expresidente de la Corte Suprema, y Jaime Tobar, conjuez del Consejo de Estado, serán jueces del Tribunal de Arbitramento para dirimir el reclamo de la Gobernación.

Este tribunal nació debido a una serie de demandas que tiene la Gobernación de Antioquia contra EPM, como la presentada el 16 de octubre de 2020 o la de febrero de 2021, por los retrasos en el megaproyecto tras la contingencia ocurrida en abril de 2018.

Entre las soluciones planteadas, cabe recordar que la Gobernación de Antioquia ofreció a EPM venderle las acciones que poseen en la Sociedad Hidroituango tanto el IDEA como la propia Gobernación, a cambio de una participación de esta última en la empresa de servicios públicos, la cual fue desestimada por la Junta Directiva de esa entidad.

La Gobernación de Antioquia confirmó sus intenciones de vender su participación en el proyecto de Hidroituango. De acuerdo con el gobernador encargado, Luis Fernando Suarez, la propuesta “tiene el objetivo de proteger los recursos públicos y evitar un proceso judicial desgastante”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que sobre el proyecto, del que la Sociedad Hidroituango conformada por la Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de Antioqua (Idea) posee un 52,88 % de participación, pesan varios procesos judiciales, incluido uno entablado por la administración departamental en contra de EPM por 117.000 millones de pesos por el incumplimiento del hito 7 de la obra, que corresponde al “cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse”, que debía darse en marzo de 2018.

En ese sentido, la propuesta de Suarez busca que EPM, dueño del 46,33 % de dicha sociedad, les compre a la Gobernación y al Idea el restante de la participación dentro de la misma a cambio de convertirse en socios minoritarios de la empresa pública antioqueña. Es decir, una participación en la junta directiva de la misma, con todo lo que ello conlleva en términos de toma de decisiones y retornos.

“Es una propuesta que siempre está orientada a defender el patrimonio público de la Gobernación de Antioquia, del Idea y el propio patrimonio de EPM. Permite seguir estableciendo alianzas en Antioquia sobre la base de fortalecer la presencia de EPM en las distintas regiones del departamento”, explicó el mandatario, agregando que ambas partes vienen trabajando de manera conjunta en varios proyectos de importancia estratégica para el departamento que pueden ser fortalecidos por medio de este acuerdo.

Dicho de otra manera lo que se busca es evitar los costos de un proceso judicial largo y desgastante para todas las partes involucradas, a la par que le asegura a la administración departamental una serie de ingresos futuros por las utilidades que genere esa organización, y le garantiza a la última mantenerse como una organización de carácter 100 % público, con un control mayoritario por parte de la Alcaldía de Medellín.

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