Así van los casos de Esteban Mosquera, Mario Montoya y el MinTIC, según el fiscal Francisco Barbosa

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió en la tarde de este miércoles 1 de septiembre a los avances que ha hecho su dependencia en tres de los casos más mediáticos que ha visto el país durante el segundo semestre de 2021: el proceso por ‘falsos positivos’ contra el general en retiro Mario Montoya, el escándalo de corrupción del Ministerio de las TIC y el asesinato del líder estudiantil Esteban Mosquera.

Sobre este último, reconoció durante la entrevista concedida a Noticias RCN, que existen razones para pensar que hubo un familiar involucrado en el acto sicarial. Se trata de una de las hipótesis más fuertes en medio de varias narrativas que la entidad sigue investigando al día de hoy y que deberán ser esclarecidas en las próximas semanas.

Valga recordar, entonces, que por este caso ya fueron capturadas el pasado 27 de agosto tres personas: dos adultos en el barrio Los Sauces y un menor de 17 años al que encontraron en el barrio Junín de Popayán. La Fiscalía y la Policía llegaron a identificarlas luego de estudiar los videos de las cámaras de seguridad que rodean la escena del crimen, en el sector de La Pamba, centro de la ciudad, muy cerca a la casa de Mosquera.

La versión oficial sobre la muerte del estudiante de música indica que dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta sobre la carrera 1, entre las calles tercera y cuarta, dispararon repetidamente en contra del joven. Inmediatamente, se advirtió que en el hecho estaban involucrados grupos armados al margen de la ley que operan en el Cauca, como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Posteriormente, aseguró que el caso de corrupción del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que entregó $70.000 millones, hoy embolatados, a la Unión Temporal Centros Poblados en la forma de un adelanto por el contrato para llevar conexión a Internet a los colegios públicos de 15 departamentos, continúa siendo una de las prioridades de la Fiscalía.

Según dijo al noticiero, “nosotros estamos avanzando en esa investigación y pronto mostraremos los resultados. Por lo pronto las actividades investigativas van rápido”. A fin de cuentas, ha sido en el marco de las mismas que la entidad ha adelantado inspecciones a las instalaciones de la cartera tecnológica e interrogatorios a los contratistas acusados de falsificar pólizas bancarias y distribuir el dinero a través de otras empresas de su propiedad.

Sobre el mismo caso, el fiscal había advertido el pasado 28 de agosto que, “estamos trabajando también en todo lo relativo con lavado de activos, iniciación de indictments en los Estados Unidos y procesos de extradición para aquellos que utilicen, además, los recursos públicos de Colombia para tratar de sacarlos del territorio nacional”. Eso, en alianza con el FBI.

Por último, está el caso del general Mario Montoya, oficial retirado del Ejército Nacional, quien fue llamado a imputación de cargos por la Fiscalía desde el 12 de agosto, por su presunta responsabilidad en al menos 104 homicidios de civiles entre 2007 y 2008, en el marco de lo que se conoce en Colombia como el caso de los ‘falsos positivos’.

Se trata de un llamado sorpresivo si se tiene en cuenta que Montoya está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hay que señalar que tradicionalmente se ha pensado que quienes llegan a esta instancia terminan saliendo de los procesos usuales de la justicia ordinaria. No obstante, Barbosa asegura que en esta oportunidad “le salió el tiro por la culata al general Montoya”.

Lo anterior, pues asegura que la Fiscalía y la JEP encontraron la forma de colaborar al punto de llevar el caso en conjunto, sin caer en problemas por competencias ante la Corte Constitucional. Según le dijo al noticiero, su dependencia pudo entregar informes con material probatorio pertinente al caso adelantado por el organismo de justicia transicional, para que sea este el que determine la responsabilidad del exuniformado.

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