El pronunciamiento del Ministerio Público se realizó a horas de que el Tribunal Superior de Bogotá decida la suerte del exsenador en el caso que lleva sobre el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Gobernación de Santander de los que Aguilar podría haberse quedado con ‘coimas’ por el valor de 2.400 millones de pesos.
La petición la realizó la delegada de la Procuraduría, Marta Luz Reyes, quien argumentó que el proceso del exsenador Aguilar pasará con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio, debe invalidarse todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la medida de aseguramiento sobre la que fallará el tribunal este viernes 3 de septiembre.
El Ministerio público considera que dando estricta aplicación a la Ley 906 debe concederse la libertad (…) Es factible que si el señor fiscal considera que debe existir una medida de aseguramiento está en su facultad de solicitarla para que se le imponga
La solicitud de la Procuraduría coincidió con la petición de la defensa de Aguilar, encabezada por el abogado Iván Cancino, que también solicitó para su cliente libertad inmediata dado que su caso es idéntico al del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien quedó en libertad luego de renunciar a su fuero como senador de la República:
Lo único que cambian son los nombres. Los hechos entre Uribe y Aguilar Villa son parecidos no puede predicarse que se pueda mantener la medida de aseguramiento en Ley 600 que una situación con Ley 906
No obstante, el fiscal quinto delegado ante la Corte Suprema, Fernando León Bolaños, advirtió que aunque el proceso se debe adelantar bajo las reglas del sistema Penal Acusatorio, no se pueden invalidar las actuaciones adoptadas por la Corte Suprema.
“Desde ningún punto de vista podría dejarse sin validez todo lo actuado por la Sala especial de Instrucción. Lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte es legítimo y tiene validez. No es éste el momento para dilucidar los problemas probatorios”, argumentó el fiscal.
Cabe recordar que el pasado jueves 19 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió la investigación que adelantaba en contra del exgobernador de Santander Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en contratos mientras fungía como gobernador Santander, a la Fiscalía General de la Nación.
La decisión, que se da con ponencia del magistrado César Reyes, obedece a la renuncia que presentó Aguilar al Congreso el pasado 28 de julio, cuando se registró su captura en Bogotá después de que se le señaló de ser el presunto cerebro detrás de una red de corrupción durante su administración.
Aguilar fue capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación por orden de la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de Julio, tras las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de los arreglos de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, en Bucaramanga.
El exsenador es investigado por, supuestamente, asociarse para cometer delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales.
Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
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