La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de Zulema Jattin Corrales, excongresista investigada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado y por estar acusada de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Jattin fue recibida como agente de Estado no integrante de la fuerza pública que y se enfocará en aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el departamento de Córdoba, entre los años 2000 y 2007, “a partir del conocimiento de algunos de los pactos y acuerdos establecidos entre los comandantes de los bloques que operaron en la región y la clase política vigente para ese momento”, según se advierte en la decisión judicial.
Según la Sala de Definición de la JEP, la exsenadora aportó elementos determinantes para construir un contexto global del conflicto armado en Córdoba y las dinámicas que se generaron desde el plano político de la mano de los paramilitares. En estos casos la JEP exige que la información que suministren los solicitantes sea diferente a la que ya conocen los entes judiciales para ayudar a esclarecer mucho más a fondo los fenómenos que se investigan.
A pesar de esto, la JEP no le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada que solicitó también Jattin porque ese beneficio queda supeditado a “los aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición, que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos”.
Así que por ahora se mantiene la medida de detención domiciliaria con la que se encuentra cobijada en la actualidad la excongresista, quien fue senadora y representante a la Cámara por el partido de la U. Jattin está detenida desde el 23 de mayo de 2009 cuando la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento en su casa.
La cordobesa está procesada por parapolítica desde que su nombre apareció en el computador incautado a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, relacionado con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′, uno de los máximos jefes de las Auc en el norte del país. Además, Salvatore Mancuso la ha mencionado en repetidas ocasiones en sus declaraciones ante Justicia y Paz como beneficiaria de asuntos electorales.
En su momento Jattin Corrales decidió renunciar a su curul de congresista, renuncia que fue efectivamente aceptada por el Congreso de la República; en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia resolvió remitir el asunto por competencia a la Fiscalía General de la Nación, para que allí se continuara con la actuación procesal.
Sin embargo, la Fiscalía dispuso devolver la actuación a la Corte Suprema de Justicia, en acatamiento a las decisiones sobrevinientes que dicha Corporación profirió en los casos de aforados; de modo que, el 18 de diciembre de 2009 la Sala Penal de la Corte decidió reasumir la competencia y conceder la libertad provisional a la procesada, tras recibir una medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.
Sin embargo la Corte le revocó la libertad y la acusó por ser la presunta autora de concierto para delinquir agravado. Para octubre de 2018 Jattin pidió cupo en la JEP y su libertad condicional, pero en octubre de 2019 la Sala de Justicia determinó que no aceptaba el sometimiento ni asumir su competencia en el caso que llevaba la Corte Suprema.
Así que Jattin tuvo que ajustar su propuesta de verdad plena, reparación y garantías de no repetición presentada ante la JEP como proyecto para las víctimas y lo entregó el 25 de agosto de 2020. Luego, para febrero y mayo de 2021, esa justicia transicional la convocó a diligencias de aporte de verdad para finalmente tomar la decisión de aceptarla.
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