Luego de que se cancelara la reunión entre el presidente Iván Duque y los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, para hablar sobre la complicada situación que siguen manteniendo los gobiernos de Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima desde hace años, la pregunta que muchos colombianos se hacen es qué paso sigue en la disputa territorial que nuestro país enfrenta con el estado centroamericano.
Pues bien, la reunión que había convocado el Presidente de la República se debe a que este año, específicamente en este mes de septiembre, Colombia enfrentará las audiencias por las dos demanda que Nicaragua impuso contra nuestro país por el caso de la isla de San Andrés ante la Corte Internacional de Justicia.
Esta entidad internacional fijó desde el próximo 20 de septiembre y hasta el 1 de octubre de este año, las audiencias en las que se hablará sobre el supuesto incumplimiento de Colombia denunciado por Nicaragua, del fallo de 2012, el cual le quitó a nuestro país algunos derechos económicos en el mar Caribe. Así mismo, de la otra demanda del país centroamericano con la que espera ampliar su plataforma continental llegando hasta el territorio colombiano.
Según explicó la Cancillería colombiana, estas audiencias hacen parte del procedimiento ordinario previsto en esto casos, una se da de manera escrita y otra oral. “En el caso relativo a las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), la etapa escrita tuvo lugar entre 2013 y 2019. De conformidad con el Reglamento de la Corte, una vez cerrado el procedimiento escrito, el caso queda listo para ser escuchado en audiencia”, explicó la entidad.
De acuerdo con el Reglamento de la CIJ, en esta parte del conflicto entre ambos países “las audiencias están encaminadas a tratar los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni simplemente repetir los hechos y argumentos ya invocados en los mismos”.
Esto quiere decir que, el próximo 20 de septiembre, Nicaragua expondrá sus argumentos para lograr sus pretensiones y hacer efectivas ambas demandas contra Colombia. Por su parte, nuestro país hará lo propio exponiendo las contrademandas.
Después de las audiencias, la Corte deliberará el caso, generalmente, en estos casos tardaentre dos a cuatro meses para pronunciarse. La decisión final será sobre si Colombia ha incumplido o no el fallo de 2012.
“En ambos casos tenemos argumentos muy sólidos y serios para combatir las pretensiones de Nicaragua. Nos sentimos moderadamente optimistas en cuanto a que tenemos un muy buen caso. Esperamos que eso se presente en audiencias en el curso del año y ojalá tengamos la posibilidad de exponer verbalmente ante la Corte todos nuestros argumentos. Yo creo que tenemos muy buenos argumentos técnicos y jurídicos”, dijo a El Tiempo Carlos Gustavo Arrieta, el agente de Colombia ante ese tribunal internacional.
La historia de un conflicto
El conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia se remonta al año 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la Costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al Gobierno de Managua, mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana.
Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. La Junta Sandinista que gobernaba, en ese entonces, en Nicaragua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en el país.
En diciembre de 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, el Gobierno de Álvaro Uribe consideró que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y, por lo tanto, violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento presentó su apelación ante la Corte.
En 2007, se realizaron las primeras audiencias en La Haya, aunque Uribe se negó a reconocer la competencia de la CIJ para tratar el asunto. Al año siguiente, ambos países romperían relaciones.
Luego del fallo de la CIJ en 2012, el presidente Juan Manuel Santos estableció que la decisión no se acataría hasta firmar un nuevo tratado con Managua. Sin embargo, antes de que Colombia reclamara por la decisión de la Corte, Nicaragua fue el primero en creer que la CIJ se había equivocado.
“Colombia y no Nicaragua, tiene la soberanía de los cayos Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo”, aseguró en La Haya el, en ese entonces, presidente de la CIJ, Peter Tomka, en 2012.
La disputa entre ambos gobiernos, supuestamente, terminó con el fallo de la Corte Internacional. Sin embargo, el problema fue para los raizales; los habitantes de San Andrés desde ese momento no pudieron acceder a la zona pesquera que significaba el sustento económico de sus familias, pues ese lugar ahora era parte del territorio marítimo de Nicaragua, cruzarlo sería violar una ley internacional.
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